"Corren serio peligro": Felipe Zuleta advierte sobre la vida de Olmedo López y Sneyder Pinilla en La Picota

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

La defensa del exfuncionario arremetió contra la medida presidencial mientras panelistas alertaron sobre la vulnerabilidad mortal de los testigos clave.

Gustavo Moreno soltó la frase sin ambages para confrontar la política penitenciaria de la Casa de Nariño: “Aquí no estamos en la época de la Santa Inquisición”. El apoderado judicial de Sneyder Pinilla respondió así en Blu Radio al traslado hacia el complejo de máxima seguridad de La Picota, ordenado de manera directa por el presidente Abelardo De La Espriella bajo la premisa de cortar de tajo cualquier privilegio para los implicados en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Para la defensa, la resolución del Inpec carece de solidez al contradecir decisiones judiciales previas que blindaban a su cliente con reclusión en una guarnición militar. En su ofensiva discursiva, Moreno expuso un paralelo incómodo al recordar la situación jurídica de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, quien continúa cumpliendo sus medidas cautelares en un batallón del Ejército. “Acá la igualdad tiene que ser para todos, y ese es el mensaje”, sentenció el jurista, cuestionando que la supuesta lucha contra las celdas VIP termine pisoteando las salvaguardas procesales de quienes pactaron colaborar con la justicia.

El choque jurídico dinamitó el debate en las mesas de análisis político. Figuras del periodismo como Felipe Zuleta respaldaron sin titubeos la directriz presidencial de vetar tratos preferenciales para los corruptos confessos; sin embargo, lanzaron una advertencia heladora sobre las consecuencias colaterales de la medida. Zuleta advirtió categóricamente que tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla “corren serio peligro” al pisar los patios de un penal ordinario. Su condición de delatores dentro de una red criminal con tentáculos de alto nivel los convierte en blancos móviles dentro de un sistema carcelario históricamente permeable a la violencia y a las órdenes de silenciar verdades incómodas.

Esta fricción expone el dilema crítico que enfrenta el Ejecutivo en su ofensiva contra la impunidad. De un lado impera la urgencia de exhibir mano dura ante una ciudadanía indignada por el saqueo fiscal de la Ungrd; del otro, se alza la responsabilidad estatal de mantener con vida a los testigos estrella cuya delación sostiene el andamiaje judicial contra los verdaderos cerebros del desangre. Desatender este flanco bajo el pretexto del rigor punitivo puede transformar un golpe de autoridad en un silencio definitivo que beneficie, paradójicamente, a los mismos corruptos que el Gobierno prometió desenmascarar.