Policías que esposaron a mujer en Cartagena con bebé en brazos serán investigados

Un video en donde se ve a Norelys Álvarez, esposada y sacada de un establecimiento en Cartagena, será pieza clave para que la Procuraduría determine si los policías que asistieron el procedimiento incurrieron en alguna falta disciplinaria por el trato que recibió la mujer que tenía en brazos a su hijo menor. El Ministerio Público abrió indagación en contra de los uniformados que atendieron la situación y busca determinar si hubo una extralimitación.

Los hechos ocurrieron en el centro histórico de Cartagena. La mujer fue con sus dos hijos hasta la tienda Jon Sonen a reclamar un dinero que le debían por haber trabajado allí. No obstante, lo que se ve en el video que fue viral es que los uniformados la sacaron esposada del lugar mientras ella reclamaba que la tienda debía responderle por su dinero. En ese orden, la Procuraduría busca determinar si los policías se extralimitaron en sus funciones.

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Lo que se ve es que la esposaron pese a tener una bebé en sus brazos y estar acompañada por otro menor de edad que fue quien grabó la escena. “Con la apertura de la indagación preliminar, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, identificar a los agentes comprometidos en la aparente situación irregular y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”, dijo la Procuraduría.

En pocas palabras, el Ministerio Público busca definir si hubo presunto abuso policial en medio del procedimiento. Los hechos que se conocieron durante este martes fueron repudiados por el propio presidente Gustavo Petro quien consideró que el tratamiento hacia la mujer era “deplorable”. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que “el respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días”.

Según Norelys Álvarez, la protagonista del video, los administradores del establecimiento público desde hace dos años le deben dos millones de pesos que era lo que estaba reclamando. La mujer afirmaba que estaba en el Centro Comercial La Serrezuela, en Cartagena, y que había tomado esa vía para cobrar porque la empresa se había negado a pagarle la liquidación.

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“Ya yo hice todo lo pertinente, todos los lineamientos, que fueron tutelas, se les hizo la primera tutela, se les hizo la orden de desacato y la empresa se niega a contestar las tutelas y a contestar una demanda, que ya tuvo vencimiento de términos y la empresa aún se niega a cancelar”, explicó en medio del video que, al parecer, fue grabado por su hijo de ocho años.

Por estos hechos, el Ministerio de Trabajo informó que abrió una investigación contra el almacén de ropa Jon Sonen, ubicado en Cartagena. Durante este martes, un grupo de inspectores de trabajo se dirigió al almacén para realizar la investigación del caso de Álvarez Sarmiento, y también de los otros empleados del establecimiento.

“Los inspectores de la Dirección Territorial Bolívar, encontraron que a sus empleados no les pagaban la seguridad social, claramente es una violación a los derechos laborales por lo cual fue sellado temporalmente este almacén” explicó la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Jon Sonen, la tienda vinculada, por su parte, publicó un comunicado respondiendo a esta situación. En este explicó que Norelys Álvarez había trabajado como asesora comercial y “su contrato laboral terminó el 20 de octubre de 2020″. Álvarez habría comenzado un proceso de demanda para que se le pagaran sus prestaciones. Según el comunicado, el 15 de septiembre fue consignado el valor de su liquidación por un poco más de tres millones, valor correspondiente a su liquidación, y no por dos millones como es su reclamación pública.

A través de la red social Instagram Jon Sonen, administrador y dueño de la marca, anunció que lamenta el incidente ocurrido con Álvarez. Reiteró que las obligaciones monetarias con su exempleada ya están saldadas y puso en evidencia el recibo de pago.

“Quiero levantar una voz, como artífice de esta marca que lleva construyendo país hace más de 25 años. A esta señora se brindaron unas garantías, no solo en tiempo de pandemia, donde se le respetó su puesto de trabajo, además, en su estado de embarazo se le canceló toda su licencia de maternidad. Hoy por una demanda quiere mancillar el nombre de esta empresa y el mío”, explicó quien dirige la empresa.