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Mujer casi es asesinada por su ex dentro de bus; el hombre acababa de salir de la cárcel
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El condenado a 7 años de detención domiciliaria por la muerte de seis jóvenes en un accidente de tránsito ocurrido en septiembre de 2021, en Santa Marta.
Por posibles irregularidades en traslados de Enrique Vives Caballero, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra tres policías de Santa Marta.
(Vea también: Encarcelan a empresario por arrollar a jóvenes en Santa Marta; fue acusado de homicidio)
De acuerdo con el informe del organismo de control encargado de adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias contra los servidores públicos (entre otras funciones), los uniformados señalados le habrían permitido salir de su centro de detención sin una respectiva autorización.
Los involucrados, según el boletín emitido por la Procuraduría el jueves 22 de junio, son el intendente Julio Gaspar Hernández López; el intendente jefe, Alex Cruz Pedraza Pedraza; y el capitán, Billy Rubén Andrews Junco.
Para la entidad, el intendente Hernández López, jefe de turno del Centro de Traslado por protección de la Policía Metropolitana de Santa Marta, habría sido el uniformado encargado de permitir que Enrique Vives Caballero “saliera sin permiso alguno del fiscal a la Clínica Perfect Body, en un vehículo particular, sin que existiera una emergencia médica y sin autorización”.
Por su parte, el intendente Cruz Pedraza, aparentemente, no supervisó la salida del vehículo en el que se fue Enrique Vives al mencionado centro asistencial: “Como responsable superior de los reclusos de los Centros de Traslado por Protección, posiblemente no supervisó la salida del capturado”.
Por último, la Procuraduría también formuló pliego de cargos en contra del capitán Andrews Junco, quien era el comandante de la Subestación de Gaira: “No habría cumplido con el Protocolo para la aplicación de las medidas de traslado por protección establecido en la Policía Nacional”, se lee en la misiva.
Las conductas de los tres policías, según la Procuraduría, fueron calificadas provisionalmente como grave a título de dolo (en el caso del intendente Hernández) y como falta grave a título de culpa gravísima para los uniformados (Cruz Pedraza y Andrews Junco).
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