Policías se pasaron de pillos: condenados por exigir dinero para no retener mercancía

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Por pedir más de un millón de pesos a comerciantes que presuntamente violaban normas aduaneras, los uniformados fueron judicializados por un juez penal.

Por exigir dinero a comerciantes que presuntamente violaban normas aduaneras, cinco uniformados de la Policía de Medellín y un civil fueron condenados por un juez penal gracias a las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General.

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Los agentes sentenciados estaban adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y las penas impuestas oscilan entre 8 años y 2 meses; y los 10 años y 11 meses de prisión.

Los condenados fueron el intendente de la Policía Nacional Rafael Eduardo Huérfano Alfonso y los patrulleros Nider Alexis Monroy Giraldo, José Miguel Barrera López y Luis Antonio Pineda Marín, sentenciados cada uno a 10 años y 11 meses de prisión. El otro uniformado fue el subintendente Fernando Poloche Urbina, condenado a 10 años y 1 mes; y el particular fue identificado como Fabio de Jesús Gómez Tabares, quien pagará 8 años y 2 meses de prisión.

La Fiscalía relató que los hechos ocurrieron en mayo de 2018 y marzo de 2021, “cuando los procesados, aprovechando sus cargos como integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), les habrían exigido a varias personas pagos de entre $ 500.000 y  $ 1’500.000 para no retenerles mercancías, presuntamente, comprometidas en irregularidades con la administración de impuestos”.

Las pruebas reunidas y presentadas por el ente acusador en este caso, recaudadas por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, permitieron que un juez penal del circuito impusiera las condenas mencionadas.

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Las pesquisas de la Policía Judicial mostraron evidencias de que los datos personales de las víctimas fueron extraídos ilícitamente por los procesados de las guías de embarque que reposaban en las oficinas de una empresa de envíos.

La captura de los sentenciados se produjo por uniformados de la Dijín de la Policía Nacional en diciembre de 2021. Las condenas deberán cumplirse en centro penitenciario, aunque la decisión fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

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