Primera decisión (grande) de De la Espriella con la salud; muchos pacientes la esperaban

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El equipo del presidente electo reveló los detalles del plan de choque con el que buscará inyectar hasta 10 billones de pesos en sus primeros 90 días.

El presidente electo Abelardo De la Espriella designó esta semana a Ana María Vesga como la nueva ministra de Salud, quien tendrá sobre sus hombros la compleja tarea de liderar la recuperación de un sistema que actualmente atraviesa una profunda crisis de atención, financiamiento y confianza. Su nombramiento se conoce justo después de que el equipo del mandatario electo presentara las líneas maestras de un plan de choque con el que buscará enfrentar la emergencia durante los primeros meses de su administración.

Durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, Iván Sánchez, vocero del equipo de salud de De la Espriella, detalló que la primera gran decisión del nuevo gobierno será poner en marcha un plan de salvamento de 90 días. Este programa contempla la movilización de hasta 10 billones de pesos para atender la emergencia humanitaria, estabilizar las finanzas y devolver la confianza a los actores del sector.

Sánchez fue enfático en señalar que los recursos no constituirán un “cheque en blanco”, sino una inyección condicionada, priorizada, auditada y completamente trazable. De acuerdo con la hoja de ruta presentada, la distribución de los fondos se proyecta de la siguiente manera:

• 4 billones de pesos para cubrir nóminas atrasadas y deudas críticas con la red de hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas.
• 3 billones de pesos destinados a garantizar el suministro de medicamentos y reactivar tratamientos médicos interrumpidos.
• 2 billones de pesos para atender la masiva acumulación de pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas.
• 1 billón de pesos para fortalecer la capacidad operativa y de control de entidades clave como el Invima.

El vocero aseguró que los desembolsos no responderán a presiones mediáticas o cercanía política, sino estrictamente al riesgo clínico del paciente y a la evidencia de la obligación. Para ello, se implementarán mecanismos como el giro directo, un cronograma público de desembolsos, tableros de seguimiento y auditorías concurrentes.

El equipo de empalme expuso que, si bien los datos preliminares deben ser depurados de manera rigurosa, reflejan una realidad humanitaria alarmante que no puede ser ignorada. Entre los reportes se destacan más de 900.000 registros asociados a pacientes con cáncer con atenciones pendientes o incompletas, cerca de 1,6 millones de personas con patologías crónicas que sufren retrasos en tratamientos, y unos 3.000 pacientes trasplantados expuestos al riesgo de perder sus órganos por falta de medicamentos inmunosupresores.

En el frente financiero, las cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas señalan que la cartera asciende a unos 25,7 billones de pesos en 232 instituciones, con una mora del 58 %. Las EPS intervenidas y bajo vigilancia especial concentran 12,6 billones de esa deuda, mientras que la red pública acumula obligaciones laborales vencidas superiores a un billón de pesos.

Como parte de la estrategia para estabilizar el sistema de cara al futuro, el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional de concertación con la participación de ministerios, la ADRES, la Superintendencia de Salud, EPS, IPS, pacientes, trabajadores y sociedades científicas. Su primer objetivo será construir una metodología única para auditar y clasificar las obligaciones acumuladas entre 2022 y 2026.

Asimismo, se convocará una mesa técnica para definir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027, incorporando variables como el envejecimiento poblacional, la ruralidad y la inflación médica, sin descartar la evaluación de un ajuste transitorio para lo que resta de 2026 si la disponibilidad fiscal del Ministerio de Hacienda lo permite.