"De las más atrasadas": Petro le encontró lío a reforma laboral que tramita el Senado

El miércoles 29 de mayo fue aprobado en tercer debate el proyecto de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Con esto, la iniciativa presentada por el Gobierno de Gustavo Petro queda a una sola discusión —en la plenaria del Senado— de convertirse en ley.

Sin embargo, el tiempo juega en contra: si no se aprueba antes del próximo 20 de junio, el proyecto se hundirá por vencimiento de términos legislativos.

Ante dicha coyuntura, Valora Analitik consultó a Diego Felipe Valdivieso, líder del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, y explicó en detalle los elementos clave de la ponencia aprobada, que refleja una versión más moderada de la reforma original, y destacó cuáles fueron los puntos que generaron mayor tensión entre el Gobierno y los gremios empresariales.

El texto aprobado corresponde a una ponencia mayoritariamente construida en la Comisión Séptima del Senado, tomando como base lo que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes. No obstante, incluye algunos ajustes que buscan acercar las visiones de los sectores más distantes: el Gobierno Nacional, por un lado, y los gremios y empresarios, por el otro.

“Esta ponencia busca un punto medio en muchos frentes. En algunos artículos se mantiene la línea del Gobierno, en otros se recogen preocupaciones del sector privado. Es una reforma que intenta conciliar posturas que han sido difícilmente reconciliables”, explica Valdivieso.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la reciente reforma laboral, señalando que representa un retroceso en materia de derechos laborales. Según el mandatario colombiano, el proyecto que está a punto de ser debatido en plenaria contiene disposiciones que, en su opinión, constituyen una contrarreforma y no avanzan en la protección de los trabajadores.

Petro expresó su inconformidad a través de su cuenta oficial en X, donde compartió el comunicado de varios sindicatos nacionales en el que califican el texto aprobado como regresivo. El presidente fue enfático al afirmar que “el trabajo por horas es un mayor retroceso que los contratos basura y la Ley 50, juntas”, y recordó que esta propuesta fue planteada en su momento por el expresidente Iván Duque, sin lograr consenso en el Congreso pasado.

La polémica surge especialmente por el artículo 37, incluido en el proyecto, el cual regula el pago de salario a quienes sean contratados por horas o días. De acuerdo con lo aprobado, quienes trabajen en jornadas inferiores a las máximas legales recibirán un pago proporcional al salario mínimo, sumando la compensación correspondiente a descansos legales y derechos prestacionales. Además, se permite que las cesantías y primas legales sean canceladas de forma anticipada y directa con cada pago diario.

Jornada nocturna desde las 7 p.m.: uno de los puntos que más preocupa a los empresarios

Uno de los elementos que se mantiene intacto es la propuesta del Gobierno sobre la ampliación del recargo por trabajo nocturno. En la actualidad, la jornada nocturna inicia a las 9:00 p. m., pero con la reforma se reduciría ese umbral a las 7:00 p. m., con recargo hasta las 6:00 a. m.

“Se ratifica el recargo nocturno desde las 7:00 p. m. sin excepción alguna, lo que puede tener un efecto económico considerable sobre sectores como comercio, transporte y servicios, que operan en horario extendido”, comenta el abogado.

Este punto ha sido una bandera del Gobierno desde la primera versión del proyecto, bajo el argumento de que mejora las condiciones laborales de miles de trabajadores. Sin embargo, ha generado resistencia en los gremios, por el impacto que tendría en los costos operativos de las empresas.

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Recargo dominical y festivo al 100 %

También se aprobó el recargo del 100 % para el trabajo dominical y en días festivos, lo que significa que quienes laboren en esos días deberán recibir el doble del valor ordinario por hora trabajada. La reforma, no obstante, establece una regla de transición para que esta medida se aplique de forma progresiva.

En ese sentido, la medida se aplicaría de la siguiente manera:

• A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80 %.
• A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90 %.
• A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en los términos de este artículo.

“Es una medida que busca dignificar el trabajo en días de descanso, pero que también impone un reto importante para las empresas que operan en sectores de atención continua”, señala Valdivieso.

Este punto también refleja una de las principales banderas del Ministerio de Trabajo, que ha insistido en la necesidad de equilibrar la carga laboral frente al derecho al descanso.

Contrato de aprendizaje

Uno de los temas que ha generado mayor discusión es el del contrato de aprendizaje. El Gobierno ha buscado transformarlo en un contrato laboral propiamente dicho, es decir, que esté sujeto a las reglas laborales comunes. Sin embargo, la ponencia aprobada no accede a esa propuesta.

“Se mantiene la figura del contrato de aprendizaje como una forma especial de vinculación, distinta al contrato laboral. Pero se mejora el monto del auxilio monetario para los aprendices”, explica el abogado.

El nuevo texto establece que los aprendices recibirán el 75 % de un salario mínimo durante la etapa lectiva, y el 100 % en la etapa práctica, frente al modelo actual que en muchos casos implica ingresos muy inferiores.

Desaparece la figura del régimen simple para trabajadores de medio tiempo

Otro cambio significativo tiene que ver con la eliminación de la propuesta del “régimen simple de contratación laboral” para personas que trabajan por tiempos parciales. Esta figura pretendía facilitar la contratación informal, sin el cumplimiento completo de las obligaciones laborales tradicionales.

“Lo que se propone ahora es que incluso quienes trabajan por horas reciban pagos proporcionales y directos de prestaciones sociales como cesantías, primas, vacaciones y seguridad social”, explica Valdivieso.

Este cambio busca frenar prácticas de precarización laboral en sectores donde la vinculación por tiempos parciales se ha usado como vía para evitar cargas prestacionales.

Medidas contra la informalidad y el desempleo

Aunque el grueso del proyecto sigue enfocado en fortalecer las condiciones del empleo formal, se incorporan algunos artículos nuevos orientados a combatir la informalidad y promover la generación de empleo, dos aspectos que fueron ampliamente criticados en la versión original del proyecto por no tener suficientes herramientas frente a estos desafíos estructurales.

Aún no se conocen en detalle los mecanismos propuestos, pero según el abogado, “hay un interés por avanzar hacia soluciones que reconozcan las realidades del mercado laboral colombiano”, donde cerca del 60 % de los trabajadores están en la informalidad.

Lo que sigue: debate final en el Senado y reloj en contra

Con tres debates ya superados, al proyecto solo le queda la aprobación en la plenaria del Senado, que deberá realizarse antes del 20 de junio. De no lograrse en esa fecha, el proyecto se archivará.

“Es muy probable que no se logren incorporar muchos más ajustes, justamente por los tiempos. El debate se centrará en los temas más sensibles: contrato de aprendizaje y recargo nocturno”, prevé Valdivieso.

El Gobierno podría insistir en incluir la laboralización del contrato de aprendizaje, mientras que los gremios buscarán limitar los costos derivados de los recargos nocturnos.

La versión del proyecto que se aprueba hoy es más moderada que la presentada inicialmente por el Ministerio de Trabajo, y representa un intento de construcción política entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector empresarial. Sin embargo, las tensiones persisten, y el desenlace dependerá del pulso final en el Senado.

“No es una reforma radical, pero sí implica cambios estructurales. El desafío está en implementar estas medidas sin frenar el empleo o ahuyentar la inversión”, concluye el vocero de Scola Abogados.