“¡Me quieren extraditar!”: Petro explica cómo se lo llevarían para EE. UU.; depende de Trump

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Así lo afirmó durante su discurso este lunes festivo en medio de la instalación del nuevo Congreso de la República. Explicó cómo se daría la medida.

El presidente saliente Gustavo Petro dio este lunes su último discurso delante del Congreso y se refirió al escenario que existe actualmente, y con lo que ha insistido el presidente electo Abelardo de la Espriella, de ser extraditado a Estados Unidos y pagar una pena en ese país.

Según Petro, por el momento solo tiene un proceso administrativo y, en ese sentido, la decisión la tiene Donald Trump que, según dice, lo trata de “Good man (buen hombre)” cada vez que lo llama.

“[…] Me quieren extraditar… y todo eso. No me van a extraditar hasta que Trump no diga: ‘Juzguen’. Porque él es el que nombra a la fiscalía en Estados Unidos. Solo me tienen en unas medidas administrativas. Yo puedo volar a donde quiera. Lo único que no puedo hacer en negocios con personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos”, afirmó el jefe de Estado, a quien ya le quedan menos de 20 días en el poder.

Seguido, y sin mencionar a De la Espriella, Petro restó importancia a las amenazas de extradición y recordó, nuevamente, la que según él es una buena relación con el mandatario de Estados Unidos.

“Claro, quieren extraditarme. Pero saben cómo me dice Trump cuando lo llamo personalmente: ‘Good man’. Ya veremos qué pasa. Lo que quiere la comisión de acusaciones de la Cámara, pero esa es otra pelea”, sentenció.

¿Por qué quieren extraditar a Gustavo Petro a Estados Unidos?

El discurso sobre una eventual extradición del saliente presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos ha sido una de las banderas más agresivas de la retórica política de Abelardo de la Espriella. Como abogado constitucionalista y penalista con amplia trayectoria mediática, el presidente electo ha sostenido públicamente que el mandatario de izquierda debería responder ante la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico y financiación ilegal de campañas.

La narrativa impulsada por el líder de Defensores de la Patria se fundamenta principalmente en las denuncias y expedientes judiciales que salpicaron la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022.

De la Espriella ha argumentado de manera reiterada que la presunta entrada de dinero proveniente de economías ilícitas —asunto investigado en el marco del caso de Nicolás Petro y la captura de cuestionados capos en regiones— configura delitos trasnacionales de lavado de activos y conspiración para el tráfico de drogas, lo que a su juicio daría competencia a los tribunales de EE. UU.

(Vea también: Periodista de Noticias Caracol, aterrado por situación en Instalación del Congreso: “Nunca lo había visto”)

Más allá del sustento estrictamente penal, analistas políticos coinciden en que estas declaraciones cumplen una función estratégica en el plano de la comunicación de masas. Al amenazar a su contradictor ideológico con el fantasma de la justicia federal estadounidense, De la Espriella busca proyectar una imagen de “mano dura” y distanciamiento radical frente al modelo saliente, alimentando la base electoral más conservadora del país que exige sanciones ejemplares contra el primer gobierno de izquierda.

Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional y constitucional, el panorama es sumamente complejo. Un presidente o expresidente de la República en Colombia goza de un fuero especial y la extradición de un nacional requiere no solo de una acusación formal (indictment) por parte de una corte de los Estados Unidos, sino también de un trámite institucional que pasa por el concepto previo de la Corte Suprema de Justicia y la firma del propio Ejecutivo.

En la práctica, mientras no exista una orden formal de captura emitida por un juez norteamericano con base en pruebas contundentes, la idea de una extradición se mantiene en el terreno de la confrontación política y el debate mediático. No obstante, este discurso demuestra el grado de polarización y la brecha jurídica que marcarán las relaciones entre el nuevo mandatario electo y el sector que deja el poder tras el traspaso de mando.