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El debate acerca del aumento de cultivos y el consumo de sustancias ilícitas en el país se transformó en un vaivén de acusaciones entre los exguerrilleros y los senadores de derecha, liderados por Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Uribe acusó al gobierno que lo sucedió de abandonar “programas sociales de gran importancia como cultivos sustitutos, familias guardabosques, entre otros”, a lo cual ‘Pablo Catatumbo’ respondió que el problema de las drogas no es culpa del expresidente Juan Manuel Santos ni de los acuerdos de paz, según cita RCN Radio:
“Se mencionan los últimos ocho años, como si aquí no hubiera habido gobiernos anteriores”.
Más adelante, la senadora Paloma Valencia volvió a atacar los acuerdos de paz, asegurando que blindaron de impunidad a sus ahora colegas de la Farc, y calentó el ambiente cuando recordó la detención de ‘Jesús Santrich’.
Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’) replicó afirmando que su copartidario está “preso ilegalmente como lo ha dicho incluso el último pronunciamiento de la Corte Constitucional” e invitó a los miembros del Centro Democrático a presentar las pruebas que confirmen lo contrario, si las tienen, registró Noticias Caracol.
“Violadores de niños, asesinos, reclutadores de menores, narcoterroristas, narcotraficantes, bandidos, eso es lo que ha hecho el narcoterrorismo de la Farc. No porque estén aquí sentados resulta que sus crímenes que hicieron por 50 años y la sangre de colombianos derramados no existen”, exclamó entonces el uribista Carlos Felipe Mejía.
Ante estas nuevas acusaciones, la senadora Criselda Lobo exigió a Mejía entregar pruebas de las acusaciones que estaba lanzando, cuenta El Tiempo.
El senador Gallo contraatacó al expresidente Uribe y a sus copartidarios por oponerse a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la paz:
“Le temen más a la verdad que a la cárcel”.
Uribe, defensor de la eliminación del uso mínimo de la dosis personal de sustancias psicoactivas, se defendió diciendo:
“Si a mi persona le llegaran a probar la infamia de que fui determinante en el asesinato de Jesús María Ovalle, iría 40 o 50 años a la cárcel y no podría venir aquí, pero aquí están sentados asesinos con largas condenas que no pagan un día de cárcel, yo perdería el derecho a la elegibilidad política, ellos no”.
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