Gobierno ordena revolcón en la UNP y desmontarán esquemas de seguridad: "Esa payasada se acabó"

Una tajante advertencia lanzó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, frente a lo que calificó como excesos e irregularidades en la asignación de esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Con la frase “esa payasada se acabó”, el mandatario dio la orden directa de iniciar una revisión exhaustiva y con rigor técnico para desmontar de manera acelerada aquellas medidas de seguridad que se otorgan sin un fundamento real, advirtiendo que el Estado no puede seguir soportando cargas financieras injustificadas en un momento crítico para las finanzas públicas del país.

Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado cuestionó con dureza la facilidad con la que algunos ciudadanos y personajes públicos logran acceder a protección estatal tras alegar amenazas infundadas en plataformas digitales. “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, sentenció el mandatario, dejando claro que su administración no tolerará la continuidad de esquemas adjudicados sin sustento técnico, sin importar quién sea el beneficiario de los mismos.

El presidente explicó que mantiene una comunicación diaria y directa con la dirección de la entidad para hacer un seguimiento minucioso a cada uno de los casos y garantizar que los recursos públicos se canalicen exclusivamente hacia quienes enfrentan riesgos reales y comprobados contra su vida. En ese sentido, De La Espriella matizó que la revisión no obedecerá a retaliaciones ni sesgos ideológicos, asegurando que las personas que verdaderamente necesiten escoltas y medidas de protección las conservarán intactas, sin importar su postura política o si apoyaron o no su campaña electoral en las urnas. “Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, indicó.

La decisión de auditar a fondo la UNP responde además al complejo panorama fiscal que atraviesa la nación. Para el Ejecutivo, los gastos asociados a la protección oficial deben someterse a estrictos criterios de necesidad y eficiencia presupuestal, especialmente cuando las arcas del Estado se encuentran en un momento sumamente delicado. “Las finanzas públicas están en su peor momento”, argumentó el gobernante, al defender su estilo de gestión orientado a proteger los recursos estatales y garantizar total transparencia, a pesar de las críticas que puedan surgir desde distintos sectores políticos por el desmonte de privilegios.

Con esta ofensiva administrativa, el Gobierno busca sanear la nómina y los contratos de seguridad de la UNP, poniendo fin a una asignación que por años ha sido blanco de cuestionamientos por parte de la opinión pública, y garantizando que el escudo protector del Estado cumpla estrictamente su misión con los ciudadanos en riesgo legítimo.