Justicia negociada con Farc: opinión de 3 cambios que hizo la Corte Constitucional

El tribunal autorizó la participación en política de exguerrilleros, siempre y cuando firmen un compromiso de someterse a la justicia.

Decidió que la presentación de los terceros involucrados en el conflicto armado (aquellos que hubieran participado directa o indirectamente, como financiadores o protectores de alguno de los bandos enfrentados) ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) será voluntaria.

Se ratificó como última instancia en las tutelas que se interpongan contra decisiones de la JEP.

El Espectador calificó lo que hizo la Corte Constitucional de “malabarista” y aseguró que redujo el alcance de lo pactado de La Habana con las Farc.

El Espectador dice que la decisión sobre la participación en política “calma a las Farc y aclara cómo se garantizará que sus delitos no queden impunes”; sobre la presentación voluntaria de los terceros, que “desarma muchas de las críticas al Acuerdo de Paz… pero no deja de ser extraño que los civiles que contribuyeron al conflicto armado no puedan ser juzgados por el tribunal de paz”; y sobre las tutelas da la razón, plantando que no podría crearse un tribunal independiente de la Constitución.

Para la columnista de la revista Semana María Jimena Duzán, la decisión de la Corte de dejar como voluntaria la presentación de los terceros involucrados en el conflicto cambia lo pactado con las Farc y mutila y deja inválida a la JEP, pero lo que parece un regalo (a Cambio Radical y al fiscal Néstor Humberto Martínez, que lo pidieron) es en realidad un “regalo envenenado”.

Y explica que es un regalo envenenado porque la Corte conminó al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a “ofrecer resultados sobre los 13 mil casos que hay en la Fiscalía de civiles vinculados a delitos cometidos dentro de marco del conflicto que su antecesor ni él mismo han tocado”.

Duzán le recuerda a Martínez que si no lo hace existe el riesgo de que la Corte Penal Internacional intervenga con el argumento de que “los terceros que participaron en el conflicto habrían quedado protegidos por el manto de impunidad”.

Para Antonio Caballero, también columnista de la revista Semana, las consecuencias de que los terceros solo acudan voluntaria a la JEP será la impunidad, pero eso no le parece particularmente grave. Lo que sí le parece grave es que los terceros, ya sea del lado del Estado y sus relaciones con la parapolítica o desde el lado de la Farcpolítica, “no estarían obligados a contar lo que saben” ante la Comisión de la Verdad.

“Lo importante para la no repetición del conflicto y sus horrores, que es de lo que se trata, no es el castigo para sus protagonistas, sino el conocimiento de la cruda verdad sobre lo sucedido. Ahora su averiguación quedará en manos de la Comisión de la Verdad, que para hacerlo carece de los medios coercitivos de indagación de que disponía la JEP. Una comisión de la cual se ha dicho ya, de entrada, que su “verdad” tendrá también “un sesgo político”, y en consecuencia será inaceptable”, dice Caballero.

El editorial de El Tiempo asegura que los cambios introducidos por la Corte “fortalecen lo acordado” porque ratifica que en Colombia hay división de poderes, “que impide una supremacía del Ejecutivo (el Presidente, responsable de la negociación con la guerrilla).

El Tiempo no se refiere en su editorial al polémico tema del carácter voluntario de la presentación de los terceros a la JEP, solo aborda, y considera un acierto, la vía libre la participación de las Farc en política, que los magistrados de la JEP estén sometidos al mismo régimen disciplinario que aquellos de los altos tribunales y que la Corte pueda revisar las tutelas contra sus fallos.