ONU Derechos Humanos evalúa decreto sobre protesta social en Colombia: recomendaciones, avances y preocupaciones señaladas

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) presentó una evaluación del reciente decreto firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, centrado en la actuación de la Fuerza Pública y la garantía del derecho a la protesta social. De acuerdo con la información divulgada, la organización participó en la elaboración del decreto al brindar comentarios y acompañamiento técnico al Ministerio del Interior durante la redacción, antes de que fuera oficializado por Presidencia. Tras la entrada en vigor del decreto, la Oficina en Colombia de la ONU Derechos Humanos señaló que la administración acogió algunas recomendaciones propuestas previamente.

El decreto causó controversia de inmediato y se convirtió en foco de debate nacional. Desde sectores políticos de oposición, como el Pacto Histórico, surgieron voces críticas que calificaron el decreto como “autoritario estigmatizante” frente al derecho a la protesta. Los congresistas Laura Beltrán y Daniel Monroy anunciaron acciones legales para intentar suspender la normativa, argumentando que equiparar el derecho a la protesta con otros derechos, como el trabajo y la salud, resulta arbitrario y excede las competencias del Ejecutivo, según declaraciones recogidas por El Espectador.

Según ONU Derechos Humanos, entre los aciertos del documento se encuentran la inclusión del principio de diferenciación entre participantes no violentos y violentos en manifestaciones, la instauración de corredores solidarios, el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas ante conflictos sociales y la conformación de equipos mixtos de diálogo. Además, la Oficina exaltó que el decreto reconoce expresamente que obstruir una vía no convierte automáticamente una manifestación en violenta e introduce el criterio de “perturbación grave y sostenida”, en línea con la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

No obstante, la misma fuente subraya preocupaciones derivadas de la amplitud en la definición legal de violencia, así como de ciertas reglas asociadas a la etapa de diálogo, especialmente las relacionadas con el agotamiento de este, que podrían debilitar la garantía efectiva de conversaciones entre Estado y manifestantes. La Oficina considera que el texto pudo haber contado con un diagnóstico más exhaustivo y plural. Este nuevo decreto hace parte de la estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella para la gestión del orden público, acompañada de una renovada política de paz y la implementación de los acuerdos con las Farc. Sobre este último aspecto, el expresidente Juan Manuel Santos manifestó públicamente la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos, advirtiendo sobre el riesgo de recortar recursos a instituciones creadas tras los acuerdos.

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¿Cuáles son los principales puntos destacados y preocupaciones de la ONU sobre el decreto de protesta social?

De acuerdo con la evaluación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el decreto resalta por introducir formas de distinguir entre participantes violentos y no violentos, crear corredores solidarios y reafirmar el carácter pacífico de una manifestación incluso cuando se obstruye una vía. Sin embargo, la preocupación principal es la amplitud en la definición del concepto de violencia y ciertas reglas sobre el agotamiento del diálogo, que podrían limitar el derecho a una protesta efectivamente deliberativa.

¿Qué significa el principio de diferenciación en la protesta social según el nuevo decreto?

El principio de diferenciación, de acuerdo con lo expuesto por la ONU Derechos Humanos, implica distinguir explícitamente entre quienes participan en manifestaciones de manera pacífica y quienes incurren en actos de violencia. Esta medida busca que las acciones de la Fuerza Pública sean proporcionales y dirigidas solamente a quienes realmente representen un riesgo, sin afectar el derecho de los manifestantes pacíficos.