Nicolás Petro aprovecha cambios en la Fiscalía y ahora tiene dos caminos en su futuro

La llegada de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación fue visto como una luz en un proceso que, bajo la administración de Francisco Barbosa fue muy mediático y filtrado a la prensa, según ha dicho la defensa.

Según dio a conocer Cambio, actualmente, la defensa de Nicolás Petro y la Fiscalía está en negociaciones para que el caso finalice en un preacuerdo y no en un juicio. De lograrse, dice el medio que la Fiscalía se ahorraría “un desgaste” y el riesgo de perder el caso, mientras que el hijo del presidente Gustavo Petro podría pasar menos de 13 años en la cárcel, que es lo que se prevé estaría si le imputan los delitos.

Actualmente, Nicolás está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, sin embargo, dice Cambio, la negociación podría llevar a que la Fiscalía lo acuse por estafa o enriquecimiento ilícito de particulares, lo que le haría pagar una pena mucho más corta.

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Luego de que el fiscal Mario Burgos saliera del caso, fue Lucy Marcela Laborde quien quedó al frente. Hasta el momento, las diferentes audiencias para continuar el caso han sido aplazadas y, dice el medio investigativo, que la fiscal y la defensa de Nicolás han tenido varias reuniones con miras a un preacuerdo en el que ambas partes salgan ganando.

Cuál sería el acuerdo de Nicolás Petro y la Fiscalía

Dice Cambio que, hasta el momento, la defensa de Nicolás Petro ha presentado cinco propuestas para un preacuerdo que podrían cambiar la dirección del caso. Una opción es replantear los cargos para enfocarse en un delito de estafa. Otra opción es que se haga un preacuerdo sólo por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y se anule el de lavado de activos. En ambos casos, lo que podría resultar en penas significativamente más bajas y hasta en posibilidad de cumplirla en casa.

Y es que la diferencia sería abismal. La publicación dice que tres jueces indicaron que por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, para una persona sin antecedentes penales, puede ser de entre 11 y 13 años de prisión, mientras que el delito de la estafa agravada podría conllevar condenas de entre 3,5 y 18 años.

Una de las razones por las que podrían buscar este preacuerdo es que ninguna de las dos partes tiene el juicio asegurado.

La defensa sostiene que la acusación de enriquecimiento ilícito no está suficientemente sustentada, argumentando que no se ha probado un vínculo directo entre las funciones públicas de Nicolás y el incremento patrimonial que se le atribuye. Esta argumentación se basa en conceptos jurídicos de reconocido prestigio, como el del exministro de Justicia Yesid Reyes.

Si bien la Fiscalía argumenta que Nicolás Petro lavó activos a través de compras de bienes, la defensa contrarresta que su patrimonio injustificado deriva de estafas, no de un intento de ocultar dinero ilícito. Este debate se centra en la interpretación de los hechos y su adecuada tipificación legal.

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En el momento, el ente acusador está evaluando las propuestas de la defensa, por lo que aún no se ha tomado una decisión. Eso sí, cualquier acuerdo necesitará la aprobación final de Luz Adriana Camargo, quien tendrá que sopesar las implicaciones políticas y judiciales de su decisión.

La naturaleza del caso, debido a su conexión directa con la familia presidencial, añade una dimensión política que complica aún más la situación. Cualquier resultado, ya sea un juicio o un preacuerdo, generará reacciones polarizadas en el ámbito político, afectando tanto a Nicolás Petro como a su padre, el presidente Gustavo Petro.