A Defensoría fueron entregadas 18 personas que permanecían en poder de disidencias

A 37 se eleva el número de personas, al parecer combatientes de las disidencias de las Farc, que han sido entregados sanos y salvos en los últimos 20 días por parte de comandantes de la columna ‘Iván Ríos’: que hace parte de la estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ y tiene presencia militar en el pacífico nariñense.

Jair Mena, defensor del pueblo de la regional Tumaco, dijo a Blu radio que, en la tarde del sábado 26 de noviembre, en zona rural del municipio, fueron entregados 18 jóvenes que no superaban los 25 años y entre quienes se encontraban dos menores; que, de acuerdo al comandante de la columna ‘Iván Ríos’, fueron capturados en combates con otros grupos armados ilegales.

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El funcionario aseguró que el estado de salud de estas personas es bueno y que de acuerdo con las primeras conversaciones con los liberados recibieron buen trato por parte de quienes los secuestraron por varios días.

Mena manifestó que entre el grupo de personas liberadas se encuentran afrodescendientes, indígenas y campesinos que hacían parte de un grupo armado ilegal.

“Pedimos al Gobierno Nacional que haya un trato preferencial urgente con Nariño, por la complejidad de la crisis humanitaria que se está registrado. En los dos últimos meses, más de 1.240 familias han sido desplazadas de sus territorios por culpa de los combates”, dijo el defensor Mena.

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Esta liberación se suma a los 16 hombres que a comienzos de noviembre fueron entregados a representantes de la Cruz Roja Internacional, iglesia católica y Defensoría del Pueblo, en un caserío en zona rural de Tumaco.

Sin embargo, en un comunicado de seis párrafos y emitido por la columna ‘Iván Ríos’ de las Farc, con fecha 26 de noviembre, dijeron que de los 18 prisioneros de guerra, varios de ellos se entregaron voluntariamente.

“Ratificamos una vez más nuestra voluntad de paz y el respeto por los Derechos Humanos como auténticos revolucionarios, bajo los principios que profesamos por los combatientes rendidos. Le respetamos la integridad y vida”, se leyó en el comunicado.

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Aseguraron que siguen insistiendo que el diálogo y cese multilateral del fuego es la mejor manera para parar la guerra y entre todos hacer de Colombia una potencia mundial de la vida.

Líderes sociales de la zona rural de Tumaco consultados por Blu radio expresaron que estas entregas voluntarias son hechos de paz, pero aseguran que hay una difícil situación humanitaria en las veredas y caseríos del bajo mira y frontera: en donde desde varias semanas se registran cruentos combates entre grupos armados ilegales.

De esto sabe el Gobierno, pero según la comunidad no ha hecho nada para que no corra riesgo al estar en medio del fuego cruzado.

Los líderes, que por temor a las represalias pidieron el anonimato, afirmaron que, en veredas como San Lorenzo, río Nulpe, Quiguanvi, El Hojal, La Turbia, río Guiza, el 115 y Chindagua, las comunidades están confinadas y otras más lograron salir en medio de la balacera para poner a salvo sus vidas.

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Dos civiles murieron en medio de la confrontación armada, precisó un portavoz comunitario, quien dijo que de acuerdo a las mismas comunidades hay patrullajes de hombres vistiendo prendas de las fuerzas militares; sin saber si son o no integrantes del ejército, o a qué grupo pertenecen.

Otras de las situaciones es el decomiso de mercados y remesas que van desde Llorente hacia el Alto Mira y frontera por parte de hombres armados, sin que ninguna autoridad haga nada para impedir los atropellos que se están cometiendo contra la población civil desde hace meses.

“En esta zona nadie puede vivir tranquilo y hay serias sospechas de las supuestas alianzas entre un grupo armado ilegal y algunos integrantes de la fuerza pública, porque cómo se explica que estos hombres anden como ‘Pedro por su casa’ sin que sean requisados, ni mucho menos nadie les diga nada cuando portan uniformes y armas de largo alcance”, insistió un líder que tuvo que salir huyendo en medio del fuego cruzado.

Y agregó que fue testigo cuando varios hombres armados se transportaban a bordo de una lancha por aguas del río Guiza y a pocos metros había un puesto de control de la armada o ejército y los dejaron seguir como si no hubieran visto nada. “Lo denuncié, pero nadie me paró bolas”, dijo el campesino, quien hoy está refugiado en Cali y teme por su vida.