"Vengar la muerte de un soldado", la motivación de militares para asesinar a Dimar Torres

Así lo informó la Procuraduría en una audiencia en la que dictó medidas para varios de los involucrados en el homicidio del desmovilizado de las Farc.

En la diligencia virtual, la procuradora delegada afirmó que todo el tiempos los uniformados tenían el plan de asesinar al excombatiente y no en judicializar al desmovilizado, pues lo culpaban de la muerte del soldado Pablo Emilio Borja, que hacía parte de su unidad militar.

El Ministerio Público basó su versión en expresiones que dejó consignadas en el proceso y que fueron citadas por Noticias Caracol:

“‘Toca es matarlo’. De hecho, [el coronel] no tuvo reparo en dejar consignadas tales expresiones en mensajes de WhatsApp enviados al subteniente”.

La procuradora indicó que “esto es tomar venganza y administrar justicia a través de sus subalternos” y que en la investigación el órgano de control encontró otras expresiones como: “‘Nos toca sacarnos esta porque con esa no me quedo’, ‘no necesito reportar nada, necesito es vengar la muerte del soldado’”.

Con esos argumentos, la Procuraduría destituyó del Ejército al coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y a otros cuatro militares —un cabo y tres soldados—  por el hecho ocurrido el 22 de abril de 2019 en la aldea Carrizal, del municipio de Convención, Norte de Santander.

La entidad precisó que a Pérez Amézquita, entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército, lo “sancionó con destitución e inhabilidad general por 20 años” para ocupar cargos públicos por ser “determinador, provocador e instigador de la muerte” de Torres.

Entre tanto, al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo lo destituyó e inhabilitó por 14 años por ser “el autor material del crimen”, pues fue quien “retuvo, requisó y luego disparó a la espalda y a la cara de Torres Arévalo con su fusil de dotación. [..] Posteriormente obtuvo ayuda para ocultar el cuerpo y la motocicleta donde viajaba el exintegrante de las Farc, y preparó la coartada del forcejeo”.

También hubo sanción por 12 años a los soldados profesionales Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte a quienes se les halló culpables de ser “cómplices de la conducta delictiva”.

El Ministerio Público calificó la falta de los militares como “gravísima a título de dolo, por incurrir en graves violaciones” al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Además, dice que a Torres lo señalaron de ser un supuesto integrante de Eln y de la muerte de Borja cuando en “realidad se dedicaba a actividades agrícolas después de su reinserción a la vida civil, conforme a los acuerdos firmados entre el Gobierno y las Farc“.

El fallo de primera instancia, que puede ser apelado por los afectados, añade que el alto oficial también instó a sus subalternos a “mentir a los superiores sobre lo ocurrido aún a costa de la seguridad e integridad de su propia tropa y la población civil”, enfatizó el Ministerio Público.

En esta audiencia solo se conocieron las sanciones disciplinarias y son diferentes a las condenas penales.