Defensora del Pueblo advierte sobre muertes de menores reclutados en bombardeos y exige nuevas medidas al Estado colombiano

La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una advertencia contundente sobre la muerte de menores reclutados en operaciones militares, exigiendo que no se entiendan como un daño colateral inevitable. En su análisis para El Espectador, Marín aceptó que la responsabilidad primaria recae en los grupos armados ilegales que vinculan a niños y adolescentes a sus filas, pero enfatizó que el Estado colombiano no puede normalizar este tipo de tragedias. En sus palabras, “no nos podemos acostumbrar a que en todos los bombardeos haya menores de edad muertos. Si eso se vuelve panorama, quiere decir que el Estado está asumiendo como un daño colateral la muerte de menores reclutados dentro de sus operaciones militares y ese no puede ser el mensaje”.

De acuerdo con Marín, aunque es fundamental que los grupos ilegales cesen el reclutamiento de menores, esta conducta criminal no exime al Estado de su obligación de proteger a los más jóvenes. Explicó, usando la figura del “adulto responsable”, que el Estado debe prever la presencia de niños y adolescentes reclutados, sobre todo en regiones como Guaviare, Cauca y Catatumbo. Estas áreas, según la defensora, son conocidas por la frecuencia del reclutamiento y esa información debería condicionar la planeación y ejecución de operativos militares.

Marín destacó que la condición de víctima no desaparece cuando un menor reclutado participa en hostilidades. Advirtió que no se debe considerar automáticamente como combatientes a quienes hallan en campamentos o estructuras armadas, pues siguen siendo víctimas incluso luego de estar en situación de combate. Subrayó la necesidad de adoptar medidas específicas para proteger a los menores en enfrentamientos y bombardeos, como parte de la obligación estatal.

La funcionaria diferenció su postura institucional de cualquier afinidad con los grupos armados o de posiciones políticas, aclarando que su interés es la protección de los derechos humanos en el conflicto. Insistió en que el debate sobre el rol del Estado debe estar desprovisto de estigmatizaciones.

Por otro lado, Marín criticó la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de omitir el uso específico de la palabra “niñas”. Argumentó que el lenguaje visibiliza realidades y necesidades, recordando que niñas y adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual. Para la defensora, dejar de nombrarlas implica invisibilización y limita la efectividad de las políticas públicas dirigidas a protegerlas.

¿Qué responsabilidad tiene el Estado colombiano frente a la muerte de menores reclutados en bombardeos?

El Estado colombiano, de acuerdo con la defensora del Pueblo, tiene la obligación de tomar todas las precauciones para evitar la muerte de menores reclutados, incluso durante operativos militares. Su responsabilidad va más allá de identificar a las víctimas tras los hechos: debe prevenir desde la planeación de las operaciones, considerando la presencia de menores y adoptando medidas reforzadas para proteger su vida.

¿Por qué es importante nombrar específicamente a las niñas en las políticas públicas?

Marín sostiene que omitir la palabra “niñas” provoca su invisibilización y dificulta la atención de sus necesidades particulares, especialmente porque niñas y adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual. Nombrarlas permite el reconocimiento y la creación de políticas diferenciadas que respondan de manera más efectiva a sus realidades y derechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.