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La víctima fue identificada como Abelardo Liz Cuetia, que trabajaba en una emisora comunitaria en Cauca, y junto a él también murió un nativo por arma de fuego.
La muerte de estas dos personas se registró este jueves en medio de un procedimiento de desalojo que adelantaron el Esmad de la Policía y miembros del Ejército Nacional, en la finca Quebrada Seca, en Corinto, y la comunidad culpó a los militares de haber disparado, según denuncia del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
“Ejército y Esmad atacan fuertemente a la ‘comunidad indígena liberadora de la madre tierra’, haciendo uso de sus armas de dotación presentan hostigamientos donde se destruyen cultivos, cambuches a través de la utilización de ráfagas de fusil, dejando como resultado del criminal ataque 2 muertos”, se lee en un comunicado.
La periodista Claudia Julieta Duque compartió un informe del resguardo indígena Paez de Corinto, y allí se detalla que Liz fue “impactado con arma de fuego en el abdomen”, mientras que la otra persona, Johan Rivera, recibió disparos “en el hombro, espalda, y cabeza”. Además, se advierte que un hombre de la tercera edad, Julio Tumbo, resultó herido.
Tanto las comunidades indígenas como la periodista señalan directamente a los militares de haber disparado, pero el Ejército Nacional niega haber accionado sus armas contra la población civil y culpa a los que serían disidentes de las Farc.
Por medio de un comunicado, la institución castrense dio su versión: “Se registró nuevamente una obstrucción a la labor… de una operación de desalojo […] y producto de esta acción resultaron lesionados integrantes de la Fuerza Pública, a quienes también intentaron secuestrar”.
En cuanto a la muerte de las dos personas, el Ejército asegura que “las tropas fueron atacadas con disparos desde la parte alta del sector de Quebrada Seca por presuntos integrantes de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’”, y denuncia el robo de un equipo de comunicaciones en medio de los disturbios.
El Ejército se comprometió a colaborar para esclarecer los hechos, mientras que la comunidad indígena pide que las autoridades competentes establezcan responsabilidades.
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