Gobierno pide que el incesto y la injuria dejen de ser delitos, por "congestión judicial"

Al Congreso de la República llegará un polémico proyecto de Reforma a la Justicia que plantea la ‘humanización de la política criminal y penitenciaria’. En 82 artículos que deberán pasar el filtro de Cámara y Senado, el Ministerio de Justicia propondrá puntos tan sensibles como la posibilidad de que los presos salgan a trabajar en el día y que algunos delitos como el incesto, la injuria y la calumnia sean legalizados en el país.

De ser aprobado, el proyecto modificaría de fondo por lo menos tres puntos del sistema que conocemos hoy en día: el código penal, el código de procedimiento penal y el Código Penitenciario.

Según ha explicado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro busca mejorar las condiciones de los presos en los centros carcelarios y disminuir las cifras de hacinamiento que, recientemente, le han generado al Estado tres fuertes llamados de atención de la Corte Constitucional.

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Pero, ¿por qué eliminar los delitos de incesto, injuria y calumnia?

Los argumentos del Gobierno

Actualmente, la Ley del país establece que es ilegal realizar “un acto carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana” y que quienes lo hagan serán condenados a penas de prisión de entre 1 y 4 años.

Según Osuna, ese delito –que es muy distinto al de acceso carnal abusivo, violación o acoso sexual– es una “aversión social” que se convirtió en algo ilegal debido a que antes el derecho estaba “íntimamente atado al concepto de tabú, de tal manera que todo lo que resultaba rechazado por la sociedad o la tribu se convertía en un crimen y debía ser penado”.

Bajo ese contexto, el Gobierno pide que el relacionamiento sexual entre parientes pase a ser legal cuando sea consentido. Es decir, cuando no haya dudas de que se trató de una violación.

Respecto a la injuria y calumnia, MinJusticia explica que la mayoría de las denuncias que se interponen por esos delitos “no tienen vocación de éxito” porque no cumplen con los puntos que tipifica la Ley para que sean ilegales.

“Esta situación lleva a que la Fiscalía tenga que destinar recursos a evaluar los hechos y pronunciarse de fondo, por lo que se genera una congestión judicial que puede evitarse”, argumenta el Gobierno.

En ese mismo sentido, la reforma plantea que la pena máxima en Colombia disminuya en 10 años para facilitar la descongestión de los centros penitenciarios.

Si eso ocurre, la condena máxima pasaría de 60 a 50 años de prisión, un monto que de todas maneras le aseguraría a un adulto pasar la mayor parte de su vida en la cárcel.

Por ahora, la Reforma a la Justicia es solo una de las papas calientes que tendrán que sortear Petro y su gabinete en el Congreso. Con la misma urgencia se tramitarán otras polémicos proyectos como las reformas al sistema de salud y del trabajo