Gobierno frenó contrato que había firmado por 20 años y que iba a impactar licencias de conducción

El Ministerio de Transporte congeló la implementación de los CALE, frenando un alza masiva en las licencias y un contrato por veinte años.

En un giro trascendental para la movilidad y el bolsillo de los colombianos, el Ministerio de Transporte ordenó la suspensión temporal de la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), el nuevo modelo diseñado para transformar radicalmente el proceso de obtención de las licencias de conducción en el país. La medida quedó formalizada a través de la Circular 0317, firmada por la ministra Elsa Noguera, a solo 17 días de que el sistema se convirtiera en un requisito obligatorio a nivel nacional.

El aplazamiento, fijado inicialmente por un periodo de tres meses, tiene como propósito fundamental someter a una rigurosa revisión la estructura operativa de los centros, la legalidad y transparencia del contrato interadministrativo firmado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y determinar si los cobros proyectados realmente aportan de manera directa a la seguridad vial del país, según informó El Tiempo. 

Al respecto, la ministra Noguera enfatizó en la necesidad de priorizar a la ciudadanía: “Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos con la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, señaló la funcionaria mediante un comunicado oficial.

Detrás de la implementación de los CALE se encuentra un acuerdo interadministrativo radicado bajo la referencia CI-760-2025, suscrito el pasado 31 de diciembre de 2025 con una vigencia proyectada de veinte años, lo que extendía su operancia hasta el 31 de diciembre de 2045. Aunque el contrato fue registrado formalmente con un valor de cero pesos —al estipular que no genera erogaciones presupuestales directas ni transferencia de recursos desde el Ministerio hacia la institución educativa—, el modelo financiero se sustenta en la recaudación directa que la UNAD percibiría a través de las tarifas cobradas a cada aspirante por los exámenes teóricos y prácticos. Según las estimaciones del propio ente ministerial, este negocio podría mover cerca de 20 billones de pesos a lo largo de sus dos décadas de vigencia, tomando como base un promedio anual histórico de más de un millón de licencias expedidas por primera vez o recategorización.

La adjudicación del contrato estuvo precedida por un proceso de selección en el que diez instituciones de educación superior manifestaron su interés inicial entre septiembre y octubre de 2025. Sin embargo, filtros normativos —como la prelación legal para entidades públicas, el cumplimiento de requisitos de cobertura nacional y plazos fatales no prorrogados— fueron depurando el listado hasta dejar a la UNAD como la única con acreditación para cubrir el 98 por ciento del territorio nacional a través de su red de 73 sedes distribuidas en 29 departamentos. No obstante, la velocidad del proceso, que culminó con la firma del contrato en una estrecha ventana de ocho días al cierre del año pasado, generó cuestionamientos y acciones legales, como una tutela interpuesta por la Universidad Surcolombiana para abrir la operación a más universidades.

El principal motivo de inconformidad ciudadana que motivó la intervención del nuevo gobierno radica en el drástico incremento en el valor del trámite. De acuerdo con la resolución inicial que fijó las tarifas en Unidades de Valor Básico (UVB), el examen teórico se tasó en 9,40 UVB, mientras que el práctico variaba según la categoría del vehículo (por ejemplo, la categoría B1 para automóviles particulares oscilaba entre 502.512 y 582.221 pesos).

Al sumar estos montos a los pagos obligatorios por concepto del Fondo Nacional de Seguridad Vial, el RUNT, el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) y los impuestos de ley, las asociaciones de conductores y expertos advirtieron un encarecimiento de hasta 800.000 pesos adicionales, elevando el costo total de la licencia de conducción desde un promedio de 1,4 millones hasta superar los 2,2 millones de pesos.

El modelo, concebido originalmente bajo los lineamientos de la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban) para combatir los alarmantes índices de siniestralidad vial en Colombia —con más de 72.000 muertes en la última década—, enfrenta ahora un compás de espera de 90 días. Durante este lapso, la administración de la ministra Noguera evaluará la viabilidad jurídica, financiera y social del esquema antes de decidir si el modelo se reestructura o se archiva definitivamente.