Cambio para viajar con menores fuera del país: ya no necesitarán permiso de ambos padres

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Escrito por:  Redacción Nación
Actualizado: 2026-02-02 22:14:43

La norma aplica cuando uno de los padres figura como deudor alimentario moroso en el Redam, tras incumplir al menos tres cuotas.

En Colombia, los menores de edad ya no necesitarán el permiso de ambos padres para salir del país cuando uno de ellos esté registrado como deudor alimentario moroso. La medida aplica tras confirmar el incumplimiento de al menos tres cuotas de la obligación alimentaria y se formaliza mediante la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), mecanismo creado por la Ley 2097 de 2021 para fortalecer el cumplimiento de estas responsabilidades.

El cambio busca evitar que el padre o la madre que incumple con su aporte económico use el permiso de salida del país como una forma de presión o control sobre el otro progenitor y el menor. Con la inscripción en el Redam, el deudor pierde el derecho a oponerse a la salida del país, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y se acredite la condición de morosidad ante la autoridad competente.

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No implica una autorización automática para viajar. El padre o madre que tiene a cargo al menor debe solicitar la sustitución del permiso ante un juez de familia o un comisario, según corresponda. Una vez obtenida la certificación que suple la autorización del progenitor moroso, el documento debe presentarse ante Migración Colombia para completar el trámite de salida del país.

Las autoridades aclararon que esta medida mantiene controles para proteger los derechos del menor. La certificación expedida por la autoridad judicial o administrativa es obligatoria y sirve como respaldo legal para el viaje. De esta manera, el sistema busca un equilibrio entre el derecho a la libre circulación del menor y la necesidad de asegurar que las obligaciones alimentarias se respeten y no queden en el olvido.

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La Ley 2097 de 2021 hace parte de un conjunto de herramientas diseñadas para presionar el pago de las cuotas alimentarias atrasadas, sin afectar de manera injustificada a los hijos. Con este ajuste, el Estado apunta a reducir prácticas que perjudican a los menores y a reforzar el mensaje de que el incumplimiento de las obligaciones parentales tiene consecuencias legales claras, tanto en el ámbito familiar como en trámites administrativos.

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