Feminicidio en Medellín: ¿cómo fallan las alertas y redes de protección para mujeres en riesgo?

Un juez de control de garantías en Medellín dictó medida de detención preventiva contra Ángel David González Castro, imputado por el feminicidio agravado de su excompañera sentimental, Luz Viviana Hernández Aguilar. El crimen, ocurrido el domingo 24 de agosto en San Antonio de Prado, suroccidente de la ciudad, tuvo lugar en el establecimiento donde la víctima trabajaba como cocinera, mientras el acusado laboraba en caballerizas cercanas. Según la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Medellín, González Castro aprovechó un momento de descuido para atacar a Luz Viviana con un cuchillo, ocasionándole heridas letales en cuello y cabeza. Tras el ataque, la mujer fue trasladada rápidamente a la Clínica Antioquia en el municipio vecino de Itagüí; sin embargo, llegó sin signos vitales. El presunto agresor fue hallado escondido en una finca cercana, pero no aceptó los cargos en su contra.

Este homicidio pone en evidencia la aguda problemática de la violencia de género en Colombia, donde el feminicidio (asesinato de una mujer por razones de género) sigue aumentando a pesar de los esfuerzos institucionales. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en lo corrido de 2024 se reportaron más de 600 feminicidios en el país; el departamento de Antioquia, donde ocurrió este caso, figura entre los de mayor incidencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Ministerio de Justicia coinciden en que la violencia basada en género golpea con particular rigor a mujeres jóvenes y adultas inmersas en contextos sociales o económicos complejos. Muchas víctimas —como Luz Viviana, quien había terminado la relación dos meses antes alegando abusos y amenazas— ven agravados los riesgos al intentar romper la dinámica de maltrato.

En el análisis de expertos y entidades como el Observatorio de Mujeres y Justicia de Antioquia, persisten deficiencias estructurales en el sistema de protección a mujeres vulnerables. Existen protocolos jurídicos y sociales para la atención y resguardo, pero el seguimiento a denuncias por violencia psicológica o física suele ser insuficiente. Según informes de 2025, las autoridades a menudo no reaccionan con contundencia ante señales de alerta, lo que propicia un ambiente en el que los feminicidios pueden consumarse. Especialistas de la Fundación Justicia y Género recomiendan intensificar políticas públicas integrales que aborden la prevención, protección y sanción con recursos multidisciplinarios y enfoque territorial.

El hecho de que Ángel David González Castro sea de nacionalidad venezolana introduce un entramado sociopolítico delicado. La migración desde Venezuela ha incrementado tensiones en algunas regiones, lo que lleva a sectores de la sociedad a asociar, de modo erróneo, el fenómeno migratorio con criminalidad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como investigaciones de la Universidad de los Andes advierten sobre el peligro de estigmatizar a poblaciones vulnerables y recalcan la necesidad de análisis basados en derechos humanos, no en prejuicios.

Las grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el ataque resultan fundamentales para el proceso judicial. Según el Departamento de Policía Antioquia, la evidencia audiovisual contribuye a esclarecer hechos y a garantizar justicia, aspecto especialmente relevante en casos de violencia de género donde a menudo faltan pruebas físicas directas. Asimismo, diversos organismos subrayan la importancia de que los medios de comunicación informen con responsabilidad, evitando la revictimización y promoviendo la conciencia social sobre la gravedad de estos hechos.

Organizaciones como Casa de la Mujer Medellín enfatizan la urgencia de fortalecer redes de apoyo con acceso efectivo a refugios, atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento integral tras la ruptura de relaciones violentas. Abogar por un abordaje multisectorial es esencial para reducir la vulnerabilidad de quienes buscan escapar del ciclo de violencia y evitar tragedias como la de Luz Viviana Hernández Aguilar.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es el feminicidio y por qué está tipificado como delito autónomo en Colombia?

La violencia feminicida ha alcanzado cifras alarmantes en Colombia, lo que llevó a que el feminicidio se reconociera como un delito diferenciado en 2015, mediante la Ley Rosa Elvira Cely. El feminicidio se define como el asesinato de una mujer por su condición de género, motivado por discriminación, odio o relaciones de poder que subyugan a la víctima. Esta tipificación busca abordar la raíz estructural del problema y garantizar que estos crímenes reciban una respuesta judicial ejemplar.

Reconocer el feminicidio como delito autónomo enfatiza la gravedad del contexto de violencia de género en el país y obliga a las instituciones a prevenir, investigar y sancionar estos crímenes de manera enérgica. Las penas agravadas y los protocolos de atención buscan sendos propósitos: la protección de las víctimas y el efecto disuasorio sobre posibles agresores.

¿Cómo pueden las mujeres acceder a asistencia y protección en situaciones de violencia de género en Antioquia?

El aumento de casos de violencia de género ha impulsado la consolidación de rutas de atención y prevención en Antioquia y otras regiones del país. Instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía y las Comisarías de Familia deben recibir y atender denuncias, ofreciendo medidas de protección inmediatas. Existen líneas de emergencia, como la Línea 155, y organizaciones como Casa de la Mujer que brindan orientación psicológica, legal y refugios temporales para mujeres en riesgo.

El acceso efectivo a estas redes, sin embargo, depende de factores como la respuesta rápida de las autoridades, la disponibilidad de cupos en albergues y la sensibilización comunitaria. Fortalecer la articulación entre entidades y promover el apoyo social son pasos esenciales para que las mujeres puedan romper el ciclo de violencia de forma segura y digna.