Problemón para Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe; perdería beneficios con la JEP

El general retirado de la Policía y exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005, Mauricio Santoyo, ya tiene día y hora para contarle a la JEP cuál es la verdad que puede aportar para recibir todos los beneficios a los que quiere acceder.

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Pese a que el exalto oficial fue aceptado por esta jurisdicción especial en septiembre de 2021, solo hasta ahora la Sala de Definición de Situaciones Jurídica le puso fecha y hora para la diligencia de verdad: será el próximo 21 de marzo de 2024.

Santoyo fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2012, donde ya purgó su pena, y regresó a Colombia en abril de 2019. En esa investigación, el general en retiro aceptó que recibió pagos y realizó operaciones conjuntas con paramilitares mientras fue jefe del Gaula en Medellín.

Por esas andanzas ilegales, Santoyo tenía otros procesos por resolver en el país, entre ellos, las desapariciones de los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes) Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve; y también por el homicidio del periodista Jaime Garzón.

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Puntualmente, lo que la JEP quiere saber es todo lo que pueda contarle sobre su rol como “dentro de la estructura jerárquica de la Policía Nacional, donde se desempeñó como brigadier general de dicha institución, además de la gravedad de las conductas por las cuales es procesado”.

Además, la jurisdicción también quiere conocer sobre “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.

Aunque desde 2021 ha estado claro el rol que podría jugar Santoyo en la JEP, hay un problema de fondo que ha dificultado el proceso del exgeneral en la justicia especial: aunque él mismo aceptó los cargos que le imputó la justicia de Estados Unidos, hoy en día sigue insistiendo en que es inocente.

Al respecto, la JEP sostiene que “no es lógico que una autoridad judicial procese, aleatoriamente, a un ciudadano por el simple hecho de estar vinculado a una entidad sin que exista pruebas en su contra en las que se fundamente la investigación”. Este tipo de respuestas, dice la jurisdicción, llaman la atención de cuál es verdaderamente su intención de colaborar con el sistema.

“Este tipo de respuestas, reiteradas ya en dos ocasiones, refuerzan la convicción respecto a la renuencia del compareciente de aportar verdad en el presente trámite (…) cuando se le exige que aporte verdad en relación con los hechos en los que se fundó dicha causa, el compareciente señala que esta no obedeció ‘a un hecho específico’ y que la aceptación de cargos fue una estrategia para evitar el juicio, sin que eso significara la aceptación de su responsabilidad”, sostiene la JEP.

Por esta razón, la diligencia de verdad, dice la jurisdicción, marcará la ruta que deberá seguir el general retirado que, incluso, podría significar que pierde uno de los principales beneficios que adquirió cuando la JEP lo aceptó: estar preso en una guarnición militar.