María Fernanda Cabal por fin habló del "subsidio" que le dieron a su hijo, ¿convenció su respuesta?

La exprecandidata presidencial se fue por las ramas cuando le preguntaron sobre el dinero y el beneficio recibido para un terreno de 40 hectáreas.

La más reciente columna del periodista Daniel Coronell desató una fuerte controversia política y mediática al poner bajo la lupa el acceso a beneficios estatales por parte de miembros de una de las familias más influyentes del sector ganadero y político del país. En su texto, Coronell expuso cómo Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, accedió a créditos con tasas preferenciales y a un Incentivo de Capitalización Rural (ICR), recursos que están diseñados para apoyar a pequeños productores del campo colombiano.

La columna señala una aparente contradicción entre el discurso público de la senadora Cabal —quien ha reiterado en múltiples ocasiones que no cree en los subsidios ni en los “regalos del Estado”— y el hecho de que su familia se haya beneficiado de mecanismos que, según Coronell, funcionan en la práctica como subsidios financiados con recursos públicos.

Tras la publicación, María Fernanda Cabal respondió en entrevista con Caracol Radio, donde defendió el acceso de su hijo a estos instrumentos financieros y cuestionó el enfoque de la denuncia. Para la senadora, existe una “confusión conceptual” sobre la naturaleza del ICR. “No es un subsidio. El ICR es un incentivo a la capitalización rural. Lo que hace un incentivo es dilatar el espacio del pago del crédito, como cuando te dicen ‘esperemos que las maticas empiecen a producir’”, afirmó.

Cabal también rechazó que se presente el caso como una irregularidad o un privilegio indebido. “¿Por qué es un delito que mis hijos puedan acceder a un incentivo? ¿Por qué es un delito generar empleo formal en el campo, porque es hijo mío y de José Félix?”, cuestionó. En su intervención, sostuvo que existe una narrativa de “odio social” contra quienes, según ella, generan empleo, riqueza y formalización en el país, y sugirió que ese tipo de críticas terminan favoreciendo la informalidad y el reclutamiento ilegal.

Sin embargo, la columna de Coronell va más allá del debate semántico sobre si el ICR debe llamarse incentivo o subsidio. El periodista explica que, independientemente del nombre jurídico, el Incentivo de Capitalización Rural implica un aporte directo del Estado para reducir el monto que el beneficiario debe pagar de un crédito. En el caso de Juan José Lafaurie Cabal, el ICR aprobado alcanzó el tope máximo permitido: 95,273,700 pesos, que fueron abonados directamente al crédito de 400 millones de pesos que había recibido días antes.

Esto significa, según los documentos citados por Coronell, que aunque el préstamo inicial fue de 400 millones de pesos, el beneficiario solo deberá devolver poco más de 304 millones, ya que el resto lo asume el Estado. En términos prácticos, ese abono representa dinero público que no tendrá que ser reintegrado, lo que encaja en la definición de subsidio utilizada comúnmente en política pública.

La columna también detalla que el crédito fue tramitado como un redescuento de Finagro, es decir, con recursos destinados específicamente a financiar a pequeños productores agropecuarios, y que además contó con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que cubrió el 80 % de la deuda. En otras palabras, el Estado no solo aportó recursos para reducir el crédito, sino que también actuó como fiador principal de la operación.

Otro de los puntos centrales del texto de Coronell es la condición bajo la cual Juan José Lafaurie Cabal accedió a estos beneficios. Según los documentos presentados, se acreditó como pequeño productor con activos e ingresos que se ubican apenas por debajo de los topes legales, cifras que el periodista considera llamativas dadas las conexiones familiares, el perfil profesional del beneficiario y la propiedad de las tierras donde se desarrollaría el proyecto agrícola.

A esto se suma que el predio donde se sembraría la palma de aceite pertenece a Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., empresa cuyos socios son la propia senadora Cabal y varios de sus hijos. Es decir, aunque el crédito fue solicitado por Juan José Lafaurie Cabal, los dueños de la tierra son su madre y sus hermanos, lo que, según Coronell, evidencia un beneficio económico directo para el núcleo familiar.

La controversia se profundiza al recordar que José Félix Lafaurie, padre del beneficiario, integró durante años la junta directiva de Finagro, incluyendo el periodo en el que se tramitó y desembolsó el crédito. Aunque él ha sostenido que no existe conflicto de interés porque la junta no aprueba operaciones individuales, Coronell subraya que se trata del máximo órgano rector de la entidad.

Así, mientras María Fernanda Cabal insiste en que no se trata de subsidios ni de privilegios indebidos, la columna de Daniel Coronell plantea que el caso ilustra cómo instrumentos diseñados para apoyar a pequeños campesinos terminan beneficiando a familias con poder económico y político, en abierta contradicción con el discurso público que rechaza ese tipo de ayudas estatales.

No obstante, la columna de Coronell insiste en que, más allá del nombre técnico, el Incentivo de Capitalización Rural implica un aporte directo del Estado. En el caso de Juan José Lafaurie Cabal, Finagro abonó 95,273,700 pesos al crédito de 400 millones de pesos que había recibido, el monto máximo permitido por la norma. En la práctica, esto reduce de forma definitiva la deuda del beneficiario, pues ese dinero no debe ser devuelto y sale de recursos públicos.

El periodista también detalla que el crédito fue otorgado como redescuento de Finagro y contó con una garantía del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) por el 80 % del valor, lo que significa que el propio Estado actuó como fiador. Además, el préstamo fue tramitado bajo la condición de pequeño productor, con cifras de activos e ingresos que quedaron apenas por debajo de los topes legales.

Otro elemento central es que la siembra de palma se haría en un lote de la Hacienda Guadalajara, propiedad de Inversiones Lafaurie Cabal S. A. S., empresa cuyos socios son María Fernanda Cabal y varios de sus hijos. Es decir, aunque el crédito fue solicitado por Juan José Lafaurie, la tierra pertenece a su núcleo familiar, lo que, según Coronell, evidencia un beneficio económico directo para toda la familia.

La polémica también toca a José Félix Lafaurie, quien fue miembro de la junta directiva de Finagro durante el periodo en que se tramitó y desembolsó el crédito. Aunque él sostiene que no existe conflicto de interés, Coronell recuerda que se trata del máximo órgano rector de la entidad.

Ante estos señalamientos, José Félix Lafaurie decidió pronunciarse en El Reporte Coronell. En esa entrevista, ambos acabaron a los gritos.

El ingeniero afirmó que un subsidio es distinto a un Incentivo de Capitalización Rural y aseguró que los recursos otorgados a su hijo “no son un privilegio”, sino parte de una política pública para evitar el abandono del campo.

“¿Sabía que esas 40 hectáreas generan más de 10 empleos formales, con salud y pensión, para personas que podrían estar en la informalidad o, peor aún, atrapadas en la ilegalidad? Que el hijo trabaje en el campo no es un favor ni una ventaja”, afirmó.

Lafaurie también señaló que los miembros de la junta directiva de Finagro “no se enteran de más de 300.000 operaciones que se realizan año tras año” y que sería indebido que un directivo interviniera en casos específicos. Además, negó haber enviado mensajes de texto preguntando por el incentivo solicitado por su hijo.

Sobre una visita de la Contraloría General a la finca, que no fue atendida por Juan José Lafaurie sino por Harold Niño Castillo, funcionario del Fondo Nacional del Ganado, explicó que se trató de una visita “inusual” y que él mismo pidió a ese funcionario que acompañara a los auditores ante la ausencia de su hijo. “Yo le pedí el favor”, dijo.

Finalmente, confirmó que el predio pertenece a Inversiones Lafaurie Cabal S. A. S. y explicó que existe un contrato de comodato. “Puede ver el comodato de esas 40 hectáreas, en el que mi hijo se obliga, una vez la palma empiece a producir, a entregar el 20 % de la utilidad para que sea redistribuida entre sus hermanos”, señaló.

Al ser cuestionado por la supuesta declaración de su hijo como propietario del predio para acceder al crédito y al incentivo, Lafaurie rechazó esa versión. “¿Por qué usted no pone esa denuncia ante la Fiscalía? Eso que usted dice no es cierto”, respondió.

Así, mientras la familia Lafaurie Cabal defiende que se trata de una política pública legítima y no de subsidios, la investigación de Daniel Coronell sostiene que el caso evidencia cómo recursos diseñados para pequeños productores terminan beneficiando a sectores con poder económico y político, reabriendo el debate sobre coherencia discursiva, equidad y uso de los dineros públicos.