Bogotá
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Los abogados del expresidente ya dieron la fecha en que radicarán la apelación, que estará a cargo de tres togados. Uno de ellos ya conoce el proceso.
La sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez pone a prueba la justicia colombiana. A partir de la decisión de la jueza 44 del Circuito Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, el exmandatario podría cumplir una condena de 12 años de prisión.
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Fraude procesal y soborno en actuación penal son los delitos por los que fue hallado culpable el expresidente en primera instancia. Además, deberá pagar una multa superior a los 2.000 millones de pesos y quedará inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos.
Aunque se contempla que cumpla la condena en prisión domiciliaria. Este histórico fallo representa la primera condena a un expresidente en Colombia. Durante el juicio, la jueza Heredia desestimó los argumentos presentados por la defensa de Uribe y concluyó que el exmandatario interfirió con testigos para influir en las decisiones judiciales.
Uribe, quien constantemente proclama su inocencia, insiste en que el proceso responde a una persecución política. Ahora, su defensa prepara una apelación que será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Esta instancia tiene hasta octubre para evaluar si mantiene, modifica o anula la sentencia. Se trata de un momento crucial en el camino judicial del expresidente, cuyo impacto podría extenderse más allá del ámbito legal.
De esta manera, según informó Semana, el próximo miércoles 13 de agosto, los abogados del líder del Centro Democrático presentarán el recurso ante el citado tribunal.
Asimismo, la revista dio a conocer los nombres de los tres magistrados que tendrán la responsabilidad de revisar el proceso. Se trata de Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo.
De acuerdo con El Tiempo, Merchán ya tuvo un papel importante en el avance del proceso contra Uribe Vélez. Fue quien avaló una de las grabaciones claves del caso, donde se interceptó una llamada del procesado con su abogado Diego Cadena.
El polémico audio es considerado por la defensa como ilegal, puesto que, en su momento, no existía orden para interceptar el teléfono del expresidente, sino que la orden era interceptar al senador Nilton Córdoba Manyoma.
Pese a esto, Merchán fue el que avaló como legal esta prueba, lo que impulsó el posterior llamado a juicio. Asimismo, es importante considerar que el citado tribunal fue el encargado de negar en dos oportunidades la solicitud de preclusión solicitada por la Fiscalía de Francisco Barbosa.
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