Colombia tiene nueva fiscal y hay humo blanco en Corte; ella será el reemplazo de Barbosa

Por fin hay humo blanco en la Corte Suprema de Justicia. Luego de varias jornadas sin llegar a un acuerdo, los magistrados por fin eligieron a la nueva fiscal general de la nación que reemplazará en el cargo a Francisco Barbosa, funcionario que terminó su gestión en fuertes desencuentros con el presidente Gustavo Petro. 

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La nueva elegida es Luz Adriana Camargo, quien tomó la delantera y alcanzó la mayoría de votos con un saldo total de 18 votos que necesitó para ser elegida como fiscal. Ángela María Buitrago obtuvo 2 votos; Amelia Pérez, 1 y votos en blanco, 2.

Ahora, la nueva fiscal general de la nación es abogada de la Universidad de la Sabana, con especialización en derecho criminal de la Universidad Libre. En el pasado ya había trabajado con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. En ese entonces era la jefa de investigación y litigio, como parte del equipo que apoyó al Ministerio Público en la detección y desarticulación de redes criminales, según informó El Tiempo.

Amelia Pérez, que en principio era la gran favorita, fue la gran sorpresa de la jornada, pues madrugó a la Corte a presentar su “renuncia irrevocable” para la terna de fiscal general, luego de verse afectada por los mensajes radicales de su esposo, Gregorio Oviedo, quien en el pasado señaló a periodistas y hasta lanzó pullas a la propia Corte Suprema de Justicia. 

Ahora, la elegida tendrá que ratificar su intención de asumir el cargo y además tendrás que allegar la documentación requerida para su posesión a la Corte Suprema, que será la última instancia que avale el nombramiento, teniendo en cuenta que no existan inhabilidades. De hecho, los magistrados podrían citar a una nueva sala plena prevista para el 21 de marzo.

La nueva fiscal general de la nación seguramente hará cambios en el ente investigador, luego de las diferencias que tuvo Barbosa con Petro al finalizar su cargo. Camargo será la responsable de liderar la política criminal del Estado y mantener de manera clara su independencia con el presidente y su Gobierno, pero manteniendo la colaboración entre poderes.