Fiscalía pide enviar a exministros de Petro a la cárcel por liderar “organización criminal”

La fiscal del caso describió lo que consideró un entramado criminal en la UNGRD que habrían liderado los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

La crisis alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señalada por uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno, sumó este jueves un capítulo de alto impacto político.

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La Fiscalía General de la Nación pidió formalmente enviar a detención domiciliaria a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, ambos procesados por supuestamente participar en una estructura criminal para direccionar contratos desde el Gobierno hacia congresistas a cambio de apoyo legislativo.

La solicitud fue presentada ante la magistrada Alexandra Rosero durante la audiencia de medida de aseguramiento, hecha después de la imputación de cargos. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, explicó que la petición cumple con todos los requisitos legales establecidos en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal.

Los exministros fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía expuso durante varias horas el bloque de pruebas que —según el ente acusador— demostraría cómo ambos participaron en una operación de direccionamiento de contratos desde entidades como el Invías y la UNGRD para beneficiar a congresistas y asegurarles su voto a proyectos clave del Gobierno.

El despacho judicial, tras escuchar las intervenciones, fijó una nueva fecha: el próximo 15 de diciembre a las 9:00 a.m., cuando se hará el debate probatorio para decidir si Velasco y Bonilla deberán cumplir una medida de aseguramiento en detención domiciliaria, como lo pide la Fiscalía.

Cómo fue el escándalo de corrupción de la UNGRD

Durante la audiencia, la fiscal Patiño fue contundente al describir lo que consideró un entramado criminal que habría operado en el segundo semestre de 2023. Según su versión, los exministros habrían tenido un papel protagónico en la estrategia de direccionar contratos a congresistas para asegurar las aprobaciones de la reforma a la salud, la reforma pensional y ciertos créditos públicos que beneficiaban al entonces Ministerio de Hacienda.

En palabras de la fiscal, Velasco y Bonilla “lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal”. Añadió que ambos “impulsaron la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir compromisos previamente adquiridos con congresistas”.

El modus operandi, explicó la funcionaria, consistía en “comprar parlamentarios mediante la entrega de contratos financiados con recursos del erario, a cambio del respaldo a los proyectos del Gobierno”.

Después de cuatro horas de diligencia, tanto Velasco como Bonilla se declararon inocentes. Sus defensas señalaron que la Fiscalía ha construido una narrativa sin sustento real, basada en testimonios interesados y con el objetivo de involucrarlos a toda costa en un escándalo institucional.

Para ellos, no solo no existe prueba alguna de direccionamiento de contratos, sino que tampoco hay evidencia de reuniones, órdenes o instrucciones que puedan ser interpretadas como parte de una estructura criminal.