Alerta en varios ministerios: destapan la movida de Petro que definirá el futuro de 600 trabajadores

El cierre definitivo del Ministerio de la Igualdad —entidad creada originalmente por el presidente Gustavo Petro para conferirle funciones ejecutivas a la vicepresidenta Francia Márquez— ha desatado una verdadera carrera contrarreloj en la administración pública. Tras el fallo de la Corte Constitucional que ordenó su inexequibilidad, más de 600 funcionarios se encuentran en una situación de total incertidumbre laboral, obligando al Gobierno saliente a estructurar un plan de contingencia antes de abandonar la Casa de Nariño.

La estrategia de absorción ya está en marcha bajo la tutela de Alfredo Acosta, último ministro de la cartera y actual agente liquidador designado. Sin embargo, los tiempos administrativos juegan abiertamente en contra de las pretensiones del Pacto Histórico.

Según reveló la revista Semana, el presidente Gustavo Petro ya tiene listo en su despacho el decreto definitivo que reasignará formalmente las funciones y las plazas de personal hacia el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Ministerio del Interior. Se prevé que el mandatario estampe su firma en el documento inmediatamente después de regresar de su viaje oficial a Roma, donde sostuvo un encuentro con el papa León XIV.

De acuerdo con los borradores técnicos conocidos, la distribución del personal y las tareas se ejecutará bajo los siguientes parámetros:

• El bloque del DPS: Prosperidad Social asumirá los viceministerios y direcciones enfocados en las mujeres, la economía del cuidado, los jóvenes, las poblaciones con discapacidad y los connacionales. Muchas de estas funciones pertenecían originalmente al DPS antes de ser trasladadas al Ministerio de la Igualdad.
• Traslado de la planta: de forma preliminar, se proyecta que el DPS recibirá en su estructura interna a por lo menos 200 de los 600 cargos que quedaron flotando tras el cierre de la entidad de la Igualdad.
• El destino de los demás: el remanente de los funcionarios y las competencias complementarias serán cobijados bajo la estructura del Ministerio del Interior.

A pesar del optimismo del director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, quien aseguró que el Gobierno ha avanzado “a pasos agigantados” mediante mesas técnicas con el Dapre, el proceso está lejos de ser un simple trámite de firmas. Para que los funcionarios queden legalmente blindados, el plan debe superar un complejo filtro institucional:

Una fuente de alto nivel le confirmó al medio de comunicación que el Ministerio de Hacienda debe proferir primero un concepto de viabilidad financiera que justifique la creación de los nuevos cargos, evaluando el impacto presupuestal en las finanzas de la Nación. Posteriormente, el Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá que avalar formalmente la reestructuración interna de ambas entidades.

Una vez el presidente firme el decreto marco, se vendrá una “cascada de decretos específicos” emitidos por el DPS y el MinInterior para adaptar sus manuales de funciones. “Con el esquema actual de Prosperidad Social no se podrían cumplir las tareas que vienen”, admitió Rodríguez Amaya, confirmando que cada hoja de vida requiere una revisión jurídica especial por la presencia de fueros sindicales, fueros de protección o condiciones de estabilidad laboral reforzada.

El Ministerio de la Igualdad entró en fase de liquidación formal el pasado 20 de junio, dejando un margen de maniobra extremadamente estrecho para los trabajadores. El objetivo inamovible de la administración Petro es dejar ubicados y asegurados a los 600 servidores públicos antes del 7 de agosto de 2026.

El temor generalizado entre los empleados radica en que, si el proceso no concluye de forma impecable antes de esa fecha, el futuro de sus puestos quedará bajo la absoluta discreción del presidente electo, Abelardo De La Espriella. El líder de la “Patria Milagro” ha sido tajante en que su bandera bandera de gobierno será la austeridad estricta y la reducción drástica de la burocracia estatal, por lo que muchos analistas prevén que, de quedar el trámite inconcluso, la nueva administración le dará un rápido “jaque mate” a la herencia laboral del liquidado ministerio.