Gobierno radica ley que daría rebajas de penas de hasta 50 % a criminales bajo estas condiciones

El proyecto contempla reducciones de condenas por colaboración con la justicia, aportes de verdad y reparación a las víctimas, además de beneficios sujetos a re

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó este martes ante el Congreso de la República un proyecto de ley que establece las condiciones para el sometimiento a la justicia de integrantes de grupos armados organizados. La iniciativa fue presentada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, y contempla beneficios judiciales para quienes cumplan los requisitos establecidos.

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La propuesta es una de las principales apuestas de la política de seguridad de la actual administración y fue presentada con mensaje de urgencia. Esto implica que las comisiones primeras de Senado y Cámara deberán estudiar el proyecto de manera conjunta, de acuerdo con el trámite anunciado por el Ejecutivo.

La iniciativa constituye uno de los dos componentes centrales de la estrategia de seguridad del Gobierno. El otro es el estatuto antiterrorista, cuya presentación ante el Legislativo está prevista para los próximos días.

Desde el Ejecutivo han descrito ambos proyectos como dos herramientas complementarias: la ley de sometimiento ofrecería una ruta jurídica para quienes decidan acogerse a la justicia, mientras que el estatuto antiterrorista buscaría fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones que continúen delinquiendo.

Gobierno propone rebajas de penas de hasta el 50 % para quienes se sometan

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de reducir hasta en un 50 % las penas acumuladas de los integrantes de organizaciones criminales que cumplan las condiciones previstas en el articulado.

La reducción estaría vinculada a las contribuciones al desmantelamiento de las estructuras ilegales, los aportes de verdad y la reparación a las víctimas. Para quienes ocupen posiciones de liderazgo dentro de esas organizaciones, el proyecto contempla una rebaja máxima del 30 %.

Estos beneficios no serían automáticos por la sola manifestación de voluntad de someterse a la justicia. Su aplicación dependerá del cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y de la valoración correspondiente en cada caso.

El articulado también propone mecanismos para descontar tiempo de condena mediante actividades laborales y programas restaurativos. Según el texto suministrado, se podría reconocer un día menos de pena por cada dos días de trabajo, siempre que exista colaboración con la justicia.

Asimismo, se contempla un día de descuento por cada día de participación en programas restaurativos, labores de erradicación de cultivos ilícitos y actividades de desminado.

En el caso de los líderes de los grupos armados, el proyecto establece que las penas no podrán ser inferiores a 10 años. Esta disposición fija un mínimo para las sanciones que se impongan a quienes ocupen posiciones de mando dentro de las estructuras que se acojan al mecanismo.

Libertad condicional y suspensión de penas tendrían requisitos específicos

La iniciativa también contempla disposiciones sobre el cumplimiento de las condenas y el acceso a la libertad condicional. Como regla general, el proyecto plantea que este beneficio pueda concederse después de cumplir las cuatro quintas partes de la pena, sujeto a las condiciones previstas en el articulado.

También incluye una disposición especial para determinados casos en los que exista colaboración para encontrar personas desaparecidas. En esas circunstancias, se plantea la posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir dos quintas partes de la condena, siempre que se satisfagan los requisitos correspondientes.

Entre las condiciones mencionadas se encuentran las contribuciones a la verdad, la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de los nexos políticos de las organizaciones criminales, así como de las redes de corrupción que afecten la administración pública y la justicia.

Otro de los puntos de la propuesta es la posibilidad de suspender la ejecución de determinadas penas un año después de su imposición, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

La medida estaría dirigida a personas que no sean cabecillas y que hayan sido condenadas únicamente por delitos específicos, entre ellos concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, uso ilícito de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

El texto también contempla esta posibilidad para condenados exclusivamente por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, siempre que entreguen los bienes derivados de las conductas ilegales y cumplan los requisitos previstos.

Estas disposiciones no significan que todos los integrantes de grupos armados puedan obtener la suspensión de sus condenas o acceder a la libertad condicional. La aplicación de cada medida dependerá de los delitos, las condiciones individuales y los requisitos que finalmente queden establecidos en la ley.