Ley de sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en el Congreso tras debate y cambios clave

Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en la noche del miércoles la ley de sometimiento impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Esta ley, una de las iniciativas principales de la actual administración, logró pasar su primer gran obstáculo y ahora deberá ser debatida en las plenarias de ambas corporaciones legislativas. La discusión resultó particularmente intensa debido a que coincidió con la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara, decisión que se conoció aproximadamente 45 minutos antes de que los congresistas dieran luz verde al proyecto, según información de El Espectador.

El proyecto fue sometido a revisión con un total de 27 artículos, algunos de los cuales fueron modificados a partir de los debates en comisión. Entre las novedades se encuentra la protección de la intimidad de las víctimas, buscando institucionalizar la confidencialidad y garantizar el acompañamiento judicial ofrecido por la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, con la aprobación de esta ley, se busca cerrar las puertas a la llamada “paz total” propuesta por el gobierno anterior y eliminar cualquier posibilidad de negociaciones políticas con organizaciones criminales. Así lo enfatizó el senador Hernán Cadavid, ponente por el Centro Democrático, quien afirmó que la iniciativa permitirá enfocar los esfuerzos en seguridad y orden público.

Daniel Briceño, representante que también participó en la ponencia, calificó la ley como el fin de una política que, según él, solo había incrementado la ilegalidad en el país. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, actual encargado también de la cartera del Interior, insistió en la importancia de acelerar el trámite para cumplir los plazos exigidos y dejar claro que la ley no constituirá un escenario de impunidad. Aseguró que habrá investigaciones y sanciones efectivas para quienes decidan someterse bajo este marco legal.

La norma establece que el proceso de sometimiento incluirá siempre la presencia de un abogado y limita expresamente los beneficios jurídicos, sin que se traduzcan en reducción de penas accesorias o eliminación de las inhabilidades para ejercer cargos públicos. Además, niega el reconocimiento de carácter político a los actores armados. No obstante, la izquierda del Pacto Histórico expresó su rechazo, argumentando que la ley podría generar impunidad y no exige resultados claros de desmantelamiento de estructuras criminales, según declaraciones de la senadora Carolina Corcho.

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¿Qué cambios introduce la nueva ley de sometimiento frente a la política de paz total?

La nueva ley de sometimiento, de acuerdo con lo aprobado por las comisiones primeras de Senado y Cámara, marca un giro en las políticas estatales al cerrar la posibilidad de negociaciones políticas con organizaciones criminales y desmontar la denominada “paz total” de la administración anterior. El proyecto se enfoca en la imposición de condiciones legales estrictas, la obligación de representación judicial para los sometidos y la negación de carácter político a los actores armados.

¿Cuáles son las garantías y derechos para las víctimas en la ley de sometimiento?

La ley asegura la protección de la intimidad de las víctimas, establece la confidencialidad de su información y garantiza el derecho a ser reconocidas y recibir asesoría así como representación judicial por parte de la Defensoría del Pueblo. Además, las víctimas deben ser informadas sobre los avances durante la investigación y el proceso judicial, buscando así darles un papel central en las etapas del sometimiento.