Ley de Competencias: la propuesta de los gobernadores para descentralizar el país

La norma para definir las responsabilidades de la Nación y de las entidades territoriales no avanzó en el Congreso y deberá retomarse en el nuevo Gobierno.

El Congreso de la República cerró su última legislatura sin resolver uno de los debates más determinantes para las finanzas de departamentos y municipios en las últimas tres décadas: la Ley de Competencias. El proyecto, radicado por el Gobierno de Gustavo Petro a finales de 2025, buscaba definir cuáles responsabilidades le corresponden a la Nación y cuáles a las entidades territoriales.

(Vea también: ¿Por qué es importante definir competencias entre los diferentes niveles de gobierno? Asfixia que tiene en vilo estabilidad económica)

El origen: una reforma que ya está aprobada, pero condicionada

Todo partió desde diciembre de 2024, cuando el Congreso aprobó el Acto Legislativo 03 de 2024, que reformó el SGP, el mecanismo por el cual la Nación transfiere recursos a las regiones, para elevar esa participación del 20 % al 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación. Para lo anterior estableció un plazo de hasta 12 años.

De acuerdo con la revista Cambio, esa reforma constitucional no fue de iniciativa del Gobierno sino del propio Congreso, y contó con un respaldo parlamentario amplio porque beneficiaba directamente a los territorios.

Es importante indicar que, en materia de destinaciones, el 96 % de recursos del SGP, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007, se destina de la siguiente manera: 58,5 % a educación, 24,5 % a salud y 5,4 % a agua potable y saneamiento básico, mientras que el 11,6 % restante queda para propósito general. El 4% restante corresponde a asignaciones de Propósito General, compuesto por las asignaciones a resguardos indígenas, municipios ribereños, PAE y Fonpet.

Sin embargo, el acto legislativo dejó una condición de fondo: ese aumento en las transferencias de recursos no puede empezar a regir hasta que el Congreso apruebe una ley orgánica que defina las competencias (la Ley de Competencias) y que establezca con precisión cuáles tareas seguirán en manos del Gobierno central y cuáles pasarán a departamentos y municipios.

Qué proponía el proyecto del Gobierno Petro

El texto radicado por el Ejecutivo fue construido por el Departamento Nacional de Planeación junto con los ministerios del Interior, Hacienda, Educación, Salud y Vivienda, el Dane, la Función Pública, la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Misión de Descentralización. Según el Ministerio de Vivienda, la formulación incluyó más de 150 mesas técnicas de trabajo, y antes de su radicación surtió un proceso de consulta previa con pueblos indígenas que se protocolizó en agosto de 2025.

El entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la reforma implicaba cerca de $ 50 billones adicionales para las regiones durante los próximos 12 años. El borrador de Proyecto de Ley de Competencias, de 201 artículos, se sustentaba en principios como el cierre de brechas regionales, la autonomía territorial, la sostenibilidad fiscal, la participación ciudadana y el reconocimiento del agua como un bien común.

El proyecto también buscaba fijar criterios de distribución que priorizaran a los territorios más rezagados, considerando variables como población, condiciones socioeconómicas, componentes ambientales y capacidades institucionales de cada entidad territorial.

Pese a la ambición del proyecto, distintos sectores señalaron desde el inicio que el articulado no resolvía el problema que le da nombre a la Ley. La Silla Vacía tituló uno de sus análisis advirtiendo que la ley “hace de todo, menos definir competencias”, en referencia a que el texto presentado por el Gobierno Petro se concentraba en cómo se financian sectores como salud y educación, pero dejaba en un segundo plano la definición clara de qué nivel de gobierno asumía cada responsabilidad.

Esa lectura fue compartida por representantes de los territorios. Voceros de la Federación Colombiana de Municipios advirtieron durante las audiencias en el Congreso que el proyecto podría incluso desorganizar las competencias existentes, al no fijar criterios claros y mantener fondos donde los recursos quedarían concentrados en la Nación. En particular en los sectores Educación, Salud y Agua Potable.

Otro cuestionamiento vino de la capacidad de los municipios para asumir nuevas funciones: un delegado de Fedemunicipios alertó que más de 400 municipios no cuentan con la capacidad institucional ni financiera para hacerse cargo de las competencias que el proyecto pretende transferirles.

Lo que proponen los gobernadores: el modelo de la FND

Previo a la radicación del proyecto del Gobierno en el Congreso, la Federación Nacional de Departamentos (FND) presentó su propia propuesta para la Ley de Competencias, la cual fue entregada al entonces ministro del Interior en el marco de la Cumbre de Gobernadores ‘Turismo y Agroindustria, Oportunidades para las Regiones’, realizada en Casanare en abril del 2025. El documento planteaba un reparto de responsabilidades organizado en tres niveles, con la Nación en el centro y los departamentos y municipios distribuidos alrededor, representando lo que la FND llamó las “competencias de gasto”.

Según ese esquema, a la Nación le correspondería mantener la estabilidad macroeconómica, definir las políticas de redistribución del ingreso, prestar los servicios de alcance nacional, ejercer la rectoría, regulación y formulación de políticas públicas, y encargarse del monitoreo, seguimiento y control de los recursos del SGP.

Para los departamentos, la FND proponía un rol de bisagra entre el Estado y los municipios: la provisión de bienes y servicios de alcance estrictamente regional, la articulación y planificación regional, la cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad frente a los proyectos municipales, la asistencia técnica a las administraciones locales y la promoción del desarrollo económico regional.

Con esta propuesta, la FND ha insistido en que cualquier ley de competencias debe partir de un criterio de “descentralización asimétrica”, es decir, que reconozca que no todos los departamentos y municipios tienen las mismas capacidades fiscales, técnicas e institucionales para asumir nuevas funciones, y que las competencias asignadas deben ir siempre acompañadas de las transferencias de los recursos correspondientes, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en los Artículos 356 y 357.

¿Qué pasó con el proyecto?

Pese a la urgencia planteada por el Gobierno, el proyecto no logró superar los debates necesarios antes de que terminara la legislatura 2025-2026, cuyo periodo culminó el 20 de junio de 2026.

Esto significa que será el nuevo Congreso, que se instaló el pasado 20 de julio, el que deberá retomar la discusión, con apenas unos meses de margen: según lo pactado en la reforma al SGP, la Ley de Competencias debe quedar aprobada antes de enero de 2027 para que el nuevo esquema de transferencias entre en vigencia.

Lo que dice el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ha respaldado públicamente la necesidad de la Ley de Competencias, pero con un giro: no continuar el trámite actual, sino reemplazarlo.

En abril de 2026, durante la Cumbre de Gobernadores de la FND, el entonces candidato prometió “compromiso total para que esa ley se articule y se implemente cuanto antes” y afirmó que “no puede ser que se asignen obligaciones sin presupuesto”, según registró El Tiempo.

(Lea también: Descentralización en Colombia: expertos analizan retos para regiones y municipios de cara al nuevo gobierno)

Esa promesa se endureció en junio, cuando su página oficial de campaña publicó declaraciones de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en entrevista con Noticias Caracol: “Eso [el proyecto] hay que retirarlo y volver a presentar una buena ley de competencias que profundice la descentralización territorial y fiscal”, para dar paso a uno que ligue la transferencia de funciones a las regiones con una reducción obligatoria del Estado central.

“Si yo logro eso, logro un equilibrio fiscal. Si no logro eso, voy a multiplicar por dos o más el déficit fiscal”, acotó Restrepo. La propuesta plantea que esa transferencia sea gradual y esté condicionada a la capacidad de gestión de cada territorio.