Hasta 8 años de cárcel: así es el nuevo proyecto 'anticapuchos’ que llegó al Congreso

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

La propuesta busca que el ocultamiento de la identidad tenga consecuencias penales cuando sea utilizado para facilitar delitos en protestas y movilizaciones.

El Congreso recibió una propuesta que promete abrir un debate sobre las protestas y el uso de capuchas. La llamada ‘Ley Anticapuchos’ fue radicada este lunes por Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, con apoyo de congresistas de distintas bancadas.

La iniciativa no pretende convertir en delito el simple hecho de cubrirse el rostro durante una manifestación. La propuesta busca que el ocultamiento de la identidad tenga consecuencias penales cuando sea utilizado para facilitar delitos en protestas, movilizaciones, reuniones o concentraciones públicas.

Vea también: De la Espriella lanzó fuerte advertencia luego de atentado en Cúcuta y señaló a mandatarios regionales

Quienes empleen máscaras, pasamontañas, buzos amarrados u otros elementos para dificultar su identificación y, además, cometan actos vandálicos podrían recibir entre cuatro y ocho años de prisión. El proyecto también plantea multas que irían de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

 

🔴 Una bancada multipartidista radicó el proyecto de acto legislativo “Ley Anticapuchos”, que busca crear un tipo penal para sancionar el ocultamiento de la identidad con el fin de cometer actos vandálicos durante las protestas.

“No estoy en contra de la protesta. Le doy… pic.twitter.com/JBaS2sAFsD

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 1, 2026

‘Ley Anticapuchos’: así funcionaría el proyecto que busca castigar delitos en protestas

Arizabaleta defendió la iniciativa bajo el argumento de que busca proteger el derecho constitucional a protestar y diferenciarlo de las conductas delictivas. El congresista sostuvo que la mayoría de manifestantes ejerce ese derecho sin ocultar su identidad ni participar en actos de vandalismo.

El proyecto también incluye circunstancias que podrían agravar las sanciones. Entre ellas aparecen artefactos artesanales, explosivos, sustancias corrosivas u otros elementos capaces de provocar daños graves. La propuesta contempla mayor severidad cuando resulten afectados colegios, hospitales, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales.

Ahora el proyecto deberá avanzar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde tendrá su primer debate. Allí comenzará una discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta, la identificación de quienes cometan delitos y las sanciones propuestas públicamente.