Juicio civil en Florida contra Alfonso Plazas Vega por hechos del Palacio de Justicia en Bogotá

Nación
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El inicio del juicio coincide con nuevas declaraciones de expertos y familiares que buscan esclarecer responsabilidades pendientes.

El próximo 8 de septiembre se dará inicio en una corte del distrito sur de la Florida, Estados Unidos, al juicio civil contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Este proceso se relaciona con los hechos que ocurrieron durante la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá, hechos que para muchas víctimas aún permanecen en la impunidad. En particular, la familia del magistrado Carlos Urán busca, mediante una demanda, que el oficial retirado sea responsable por el asesinato y las torturas contra el funcionario, quien fue ultimado en el desarrollo de estos acontecimientos. El caso recobró protagonismo luego de que el presidente Abelardo de la Espriella calificara a Plazas Vega como “héroe de la patria”.

Aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega en diciembre de 2015 por la desaparición de dos personas, existen otros fallos y múltiples voces de expertos que sostienen la supuesta responsabilidad del coronel en los sucesos conocidos como el holocausto del Palacio de Justicia. Entre quienes han investigado, se destaca Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, también asesinado durante esos días. Gaona, actualmente embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró que “las voces del pasado saben qué le ocurrió” a su padre, sosteniendo que las pruebas están disponibles.

El rol de Plazas Vega, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, fue central en los mandos operativos que retuvieron el control del edificio. El oficial, al frente de la Escuela de Caballería, dirigió la operación militar y comandó la entrada de tanques al Palacio. La intervención fue documentada en grabaciones audiovisuales y testimonios de sobrevivientes y militares, muchos de los cuales relataron el manejo que recibieron quienes salieron con vida del sitio, en particular, el traslado de algunos sobrevivientes a la Casa del Florero y a unidades militares al mando de Plazas Vega.

En 2010, el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá condenó a Plazas Vega a 30 años de prisión por la desaparición forzada de varios civiles y una combatiente del M-19, aunque la Corte Suprema luego absolvió al coronel por insuficiencia probatoria. Existen declaraciones, como la de la magistrada Patricia Salazar, quien en su salvamento de voto señaló múltiples indicios que vinculan a Plazas Vega y otros oficiales con la eliminación de secuestradores y el trato a los sospechosos de ser guerrilleros.

Por su parte, familiares de víctimas como Irma Franco y Carlos Rodríguez han manifestado inconformidad ante la falta de responsables claros, pese a que diversas investigaciones institucionales e internacionales reconocen la desaparición de quienes estuvieron bajo custodia estatal. Las demandas actuales buscan esclarecer la verdad y la responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el rol de Alfonso Plazas Vega en el caso del Palacio de Justicia?

Alfonso Plazas Vega fue señalado como uno de los principales responsables en la operación militar que retomó el control del Palacio de Justicia durante la toma del M-19 en noviembre de 1985. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, Plazas Vega comandó la Escuela de Caballería y dirigió el ingreso de los tanques al Palacio, participando activamente en la identificación, interrogatorio y traslado de sobrevivientes bajo custodia militar.

¿Por qué la justicia colombiana absolvió a Plazas Vega de las desapariciones forzadas?

La Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió a Alfonso Plazas Vega en 2015 principalmente por falta de pruebas directas que lo vincularan con los casos de desaparición forzada. Aunque existieron indicios y testimonios, la Sala concluyó que no había evidencia suficiente para mantener la sentencia, a pesar de las objeciones expresadas por la magistrada Patricia Salazar y por las víctimas.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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