JEP imputó cargos a 4 generales y a 35 militares del Ejército por falsos positivos

En la mañana de este miércoles 19 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP ) imputó cargos a cuatro generales y a 35 oficiales y suboficiales antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional por “442 ‘falsos positivos’ en Antioquia entre 2004 y 2007”.

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La JEP explicó que los generales retirados a los que se imputó crímenes de lesa humanidad son: “Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, quienes comandaron la IV Brigada entre 2004 y 2007. También fue imputado Juan Carlos Piza Gaviria, entonces jefe de operaciones”.

A estos exmilitares se les halló como los máximos responsables de haber liderado la política de facto de “conteo de cuerpos” en la jurisdicción bajo su mando, “pese a los riesgos comprobados que esta representaba para la población civil”, recalcó la JEP.

Asimismo, explicó que estas decisiones tomadas por los entonces militares desataron “un patrón macrocriminal en el que cientos de personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas por los militares como falsas bajas en combate”.

Civiles también fueron imputados por la JEP

La entidad indicó que junto a los generales retirados también fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales por su participación en los homicidios.

Los otros 35 comparecientes hacían parte del Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR), Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) y Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrio’ (BIPEB).

Además, se imputaron a “dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran”.

Catalina Díaz, magistrada vicepresidenta de la Sala de Conocimiento de la Verdad JEP, expuso cómo participaron los civiles: “Hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a cambio de sumas de dinero a los militares para que las asesinaran. Por primera vez en una imputación por falsos positivos la Sala de Reconocimiento de la Verdad confirma la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del oriente antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas”.

Asimismo, la magistrada aclaró que la inmensa mayoría de los casos de falsos positivos que ocurrieron en Antioquia no sucedieron durante la fase crítica de la confrontación militar contra las guerrillas, sino que los hechos se registraron después de que los grupos guerrilleros ya habían sido derrotados, replegados estratégicamente y desmovilizados.

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“La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, ocurrieron por lo menos 270 hechos con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Asimismo, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas.”, indicó al JEP.

Una vez los 41 exmilitares hallan recibido la notificación, disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones de la JEP. En el caso de las víctimas acreditadas y el Ministerio Público, también cuentan con el mismo tiempo para entregar observaciones sobre lo que se determinó en la decisión judicial.