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Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz comunicó que es necesaria la comparecencia oral del general (r) Miguel Maza Márquez dentro de los casos.
Desde el año pasado, la justicia transicional está esperando que el exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) acuda a la diligencia, pero no ha sido posible.
Maza Márquez no asistió a la cita que tenía el 23 de noviembre pasado argumentando problemas de salud y su avanzada edad, 80 años, y por eso pidió entregar su versión de manera escrita.
Sin embargo, la JEP se mostró en desacuerdo y consideró que el general retirado está obligado a aportar la verdad en una comparecencia oral, en la que debe explicar “su acreditada alianza con grupos paramilitares en el Magdalena Medio”.
Por eso, la Sección de Apelación de la JEP asegura que lo mínimo que pueden esperar la sociedad y las víctimas, es que asista o concurra a dicha diligencia, por el deber que tiene de aporte a la verdad plena.
En ese sentido, los magistrados de la justicia transicional consideran que si el Inpec traslada a Maza Márquez a que cumpla la cita, eso no trasgrede “los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y no autoincriminación” y tampoco “constituye ningún tipo de coacción psicológica proscrita por la Constitución Política”.
Sobre la situación, la JEP recordó que en ese tribunal “no existe el derecho fundamental a guardar silencio, simple y llanamente porque, entre otras cosas, puede implicar determinaciones adversas para la posición de los comparecientes, si se comprueba que se valen de esa simple ‘opción fáctica’ para no aportar verdad plena”.
Finalmente, se advirtió que la presencia de Maza Márquez cobra importancia en la medida en que ha sido mencionado en 10 informes distintos recibidos por la Sala de Reconocimiento en el caso 06.
Dicho caso se estudia en la JEP como la “existencia de una violencia sistemática y generalizada contra los miembros del partido político Unión Patriótica (UP)”.
En todos los procesos en los que está involucrado Maza Márquez, la JEP asegura que “aportar verdad hace parte del proceso de reparación inmaterial y, en contraste, su renuencia podría generar o comportar revictimización”.
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