JEP solicita informes al Ministerio de las Culturas y Museo Nacional por retiro de piezas sobre conflicto armado en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, junto con el Museo Nacional de Colombia, que proporcionen información detallada sobre el retiro de cerca de 30 piezas vinculadas al conflicto armado, la desaparición forzada y la memoria de las víctimas, realizado el 17 de octubre por orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con El Espectador, la JEP fijó un plazo de cinco días hábiles desde la comunicación del auto para la entrega de un informe ejecutivo, en el que las entidades deberán comunicar la cantidad y naturaleza de los objetos y textos retirados, sustituidos, reubicados u ocultados entre el 1 y el 21 de octubre de 2026, así como especificar las salas afectadas, los responsables y el paradero actual de los elementos, además de identificar los riesgos a los que están expuestos.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP, firmó la decisión el 21 de octubre dentro del marco de la Medida Cautelar Nacional sobre Desaparición Forzada. El auto también establece que, diez días hábiles después, las entidades deben presentar un informe integral con una lista individual de cada pieza, su código de inventario, autoría o procedencia, estado actual y anterior, ubicaciones respectivas y fotografías de antes y después del retiro. Además, se deben incluir copias de guiones museográficos y órdenes pertinentes, aclarar la naturaleza de la propiedad de las obras y detallar si existió consulta previa o participación de víctimas, familiares u organizaciones en su elaboración o retiro.

La decisión de la JEP recalca que no se pueden utilizar reservas genéricas o vinculadas a la “incomodidad institucional” como argumento para evitar la entrega de información; cualquier reserva legal debe especificarse con justificación y documentación clara. Según la JEP, el objetivo principal de estos informes es determinar si las modificaciones en las salas del museo ponen en peligro los derechos amparados por la medida cautelar y la memoria colectiva sobre la desaparición forzada, componente clave en los procesos de búsqueda y reconocimiento social de las víctimas.

La controversia por el retiro de las piezas suscitó plantones frente al museo, en los que, de acuerdo con informes de medios citados por El Espectador, “el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) intervino utilizando aturdidores y agua a presión”. La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que la actuación fue “innecesaria y desproporcionada” y que los manifestantes ejercían su derecho legítimo a la protesta. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá y la Defensoría del Pueblo también intervinieron solicitando medidas y explicaciones para preservar los registros y la memoria histórica, como el caso del espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, víctima de la Unión Patriótica (UP).

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¿Por qué la JEP pidió informes sobre el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia?

La JEP solicitó estos informes para esclarecer si el retiro de obras, textos y objetos del Museo Nacional implica riesgos para los derechos protegidos por la Medida Cautelar Nacional sobre Desaparición Forzada. La información debe detallar qué piezas se retiraron, quiénes autorizaron la acción y el estado actual de los elementos, con el objetivo de verificar la protección de la memoria de las víctimas del conflicto armado y descartar vulneraciones a derechos fundamentales, según las disposiciones judiciales.

¿Qué medidas adicionales tomaron la Defensoría y la justicia tras el retiro de piezas del museo?

Tras el retiro de las piezas, la Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones al Ministerio de las Culturas y anunció que dará seguimiento a las respuestas para salvaguardar la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica. Además, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá decretó medidas provisionales encaminadas a preservar tanto las obras retiradas como su registro, atendiendo la preocupación por la posible afectación a la memoria cultural y los derechos de víctimas y sus familias.