A Juliana Guerrero se le agrandaría lío: hay otro proceso más pesado que le espera en Fiscalía

El escándalo político que sacudió los cimientos del Ejecutivo tras el paso de Juliana Guerrero por el viceministerio de la Juventud parece estar lejos de cerrarse por completo. Aunque la exfuncionaria llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación que le permitió pactar una condena de solo tres años de prisión —pena que no pagará tras las rejas— por haber presentado títulos falsos de la Universidad San José para asumir el cargo durante el gobierno de Gustavo Petro, su panorama jurídico sigue estando bastante comprometido, según informó El Tiempo. 

Este primer fallo judicial generó una ola de reacciones y profundas polémicas en diferentes sectores políticos, incluido el propio Pacto Histórico. Diversos analistas y simpatizantes han señalado de manera reiterada que el impacto mediático y reputacional de este engaño caló hondo en la opinión pública, convirtiéndose en uno de los factores determinantes que jugaron en contra del proyecto político oficialista durante la contienda electoral de la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, más allá de la falsificación documental que ya fue resuelta judicialmente, el verdadero calvario legal de Guerrero apenas toma forma en los despachos de los entes de control. La exfuncionaria es investigada de manera formal por liderar, presuntamente en complicidad con su hermana Verónica Guerrero, un entramado de corrupción enfocado en direccionar millonarios contratos estatales a cambio del pago de jugosas coimas, de acuerdo con el periódico.

El expediente de este segundo proceso formal se abrió a mediados de año, luego de que una investigación periodística destapara una red de comunicaciones conformada por chats comprometedores, audios y comprobantes de consignaciones bancarias. De acuerdo con los elementos recopilados por las autoridades, las hermanas habrían montado un esquema criminal en el interior del Ejecutivo para controlar rubros clave de contratación pública, imponiendo tarifas y exigiendo comisiones que rondaban el 10 % del valor total de cada proyecto adjudicado de forma irregular.

Adicionalmente, el modus operandi expuesto en las indagaciones incluía exigencias económicas muy específicas: un anticipo de 200 millones de pesos una vez se concretaba la gestión inicial, e incluso un cobro previo de un millón de pesos solo por agendar la primera cita de contacto con altos funcionarios del Gobierno.

Mientras que el caso de los títulos falsos se cerró con una sanción excarcelable, los delitos que ahora se le endilgan a Juliana Guerrero —tales como tráfico de influencias y graves conductas contra la contratación pública— tienen un peso punitivo completamente distinto. Expertos penalistas han advertido que, de comprobarse su responsabilidad en estos hechos de corrupción, las hermanas Guerrero podrían enfrentar penas superiores a los 20 años de cárcel, debido a la gravedad de las conductas y al impacto ejemplarizante que busca impartir la justicia ante el detrimento de los recursos públicos. Por ahora, el futuro judicial de la exviceministra sigue en la cuerda floja mientras avanza esta segunda y más pesada investigación.