Destapan que inmuebles para reparar a víctimas eran arrendados hasta en $ 43.000

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra 4 exfuncionarios de la Unidad para la Atención y Reparación lntegral a las Víctimas, quienes son señalados de arrendar inmuebles para reparar a las víctimas en precios irrisorios de hasta $ 43.000.

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Uno de los casos que más llamó la atención del ente de control fue el arrendamiento de un predio en el exclusivo sector de El Chicó en Bogotá que, si bien tenía un canon de arrendamiento estimado en $ 8’889.000, era alquilado en apenas $ 56.000.

Como este, la Procuraduría tratar de establecer las presuntas irregularidades en los arriendos de 17 inmuebles que vienen de Justicia y Paz, teniendo en cuenta que eran alquilados por valores muy por debajo del estimativo del mercado.

De acuerdo con el Ministerio Público, los inmuebles corresponden a lotes, fincas, parcelas, haciendas, oficinas y parqueadero, ubicados en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Cesar y Córdoba con arriendos entre los $ 43.000 y $ 1.462.510.

La investigación salpica a directores y coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas que, entre diciembre de 2018 y 2022, al parecer, cometieron faltas disciplinarias relacionadas a los contratos de arrendamiento de dichos inmuebles entregados en administración por Justicia y Paz.

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Los implicados son Yolanda Pinto Afanador y Ramón Alberto Rodríguez, en su calidad de directores de la Unidad para las Víctimas para la época de los hechos, y Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño Hernández, como coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas, también para la época de los hechos.

Otro de los casos llamativos es el de un predio de más de 7.500 metros cuadrados en el municipio de El Dorado, en Meta, cuyo canon de arrendamiento era de apenas $ 113.000 mil, pese a que por un terreno de esas características en el mercado se cobraba hasta $ 1.500.000.

El ente de control también compulsó copias para que se investigue la posible pérdida o extravío de documentos que debían contener los expedientes, tanto en físico como digital, de los inmuebles administrados por el Fondo de Reparación para las Víctimas.