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Con un expediente de más de 200 hojas, nativos de la comunidad Qhara Qhara, una de las 36 naciones aborígenes de Bolivia, arribaron a Colombia para notificar sus derechos sobre el tesoro colonial argumentando ser víctimas de saqueos en la invasión española.
Dicho documento fue presentado al Estado colombiano con una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, reveló Noticias Caracol.
“Pedimos por legitimidad los recursos que fueron extraídos de nuestra nación, en las épocas de la invasión de los españoles o en la colonia, el cual el galeón sea devuelto”, dice la misiva al mandatario.
Según El Espectador la comunidad nativa aseguró que parte los tesoros del Galeón San José fueron extraídos de las Minas de Potosí en la época colonial cuando su país hacía parte del Virreinato del Perú.
Además, expusieron su deseo de dialogar con el gobierno colombiano para replantear que el saqueo de la corona española en américa se logró con esclavos africanos en los centros ricos en minerales como el oro y la plata, destruyendo territorios y masacrando a sus comunidades.
Nelson Fredy Padilla autor del libro ‘El Galeón San José y otros tesoros’ explicó que el reclamo es legítimo:
“Toneladas y toneladas de minerales preciosos sacados de las montañas de Potosí los llevaban por el océano Pacífico hasta Panamá y transportados a lomo de mulas hasta Portobelo, mar Caribe, desde donde el San José partió hacia Cartagena”, añadió Padilla.
Por otro lado, el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Armando Valbuena, dijo que respaldará a la tribu boliviana y que se pronunciará al gobierno por medio de un oficio.
“Ellos nos piden el apoyo sobre esta situación y merecidamente lo tienen”, agregó Valbuena a Noticias Caracol.
Expertos sobre el tema, según el noticiero, les sorprendió que esa solicitud la haya hecho una comunidad indígena de Bolivia y, a la fecha, ninguna colombiana.
Juan Manuel Santos, que dejará el poder este 7 de Agosto, detalló hace 2 días que la reactivación de la licitación por el Galeón San José, se debe a una decisión judicial del Tribunal Superior de Cundinamarca y dijo: “En todo nos dio la razón el tribunal: el mecanismo de la alianza público privada se ajusta a la ley. La operación saldrá a costo cero para el Estado colombiano”.
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