Dan golpe a constructoras en Bogotá y Cundinamarca: les metieron freno a unas obras

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La CAR puso límites a la construcción en la zonas rurales y deberán ser incorporadas en los planes de ordenamiento territorial por las alcaldías.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó un nuevo acuerdo que endurece las reglas para la urbanización en zonas rurales y suburbanas de Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. La medida busca poner freno al crecimiento descontrolado que, según la entidad, ha aumentado la presión sobre el agua, los ecosistemas y los suelos agrícolas de la región.

Con esta decisión, la CAR estableció límites más estrictos para la suburbanización y nuevas densidades máximas de construcción en suelo rural suburbano. Estas condiciones deberán ser incorporadas por alcaldías y el Distrito Capital en las actualizaciones de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT).

La corporación explicó que la nueva metodología fue desarrollada junto al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y tiene en cuenta factores ambientales como vulnerabilidad hídrica, riesgo por cambio climático, presión sobre ecosistemas estratégicos y deterioro de los suelos. Según la entidad, varios municipios ya presentan señales críticas de afectación ambiental.

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De acuerdo con los estudios técnicos de la CAR, el 25,5 % del territorio de su jurisdicción tiene niveles altos o muy altos de vulnerabilidad hídrica. Además, 15 municipios registran alto riesgo asociado al cambio climático y otros 28 presentan niveles de ocupación rural que estarían afectando la capacidad ambiental del territorio.

Uno de los puntos más llamativos del acuerdo tiene que ver con las restricciones para construir vivienda campestre. Según explicó el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, en algunos casos el límite pasará de ocho viviendas permitidas a solo dos, con el objetivo de evitar que los ecosistemas sigan siendo sobrecargados por proyectos urbanísticos.

La nueva reglamentación también obliga a que al menos el 70 % del área de los proyectos suburbanos sea destinado a conservación y restauración de vegetación nativa. Con esto, la entidad busca fortalecer la protección del agua, el suelo y la biodiversidad en zonas rurales estratégicas para la región.

Desde la CAR insistieron en que la medida no pretende frenar el desarrollo inmobiliario, sino garantizar que ocurra de manera sostenible y compatible con la capacidad ambiental del territorio. Además, señalaron que las reglas podrán ajustarse en el futuro dependiendo de mejoras ambientales y avances en restauración ecológica y planeación territorial.