Gobierno Petro daría la espalda a Maduro y dice que pasará con relaciones diplomáticas

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El canciller Luis Gilberto Murillo se pronunció luego de la jornada de protestas en Venezuela. El funcionario habló de ausencia de transparencia y garantías.

El Gobierno Nacional anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones celebradas el 28 de julio en Venezuela, tras determinar que el proceso electoral careció de garantías democráticas y transparencia, según lo establecido en las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(Lea también: “No puedes estar con Dios y con el diablo”: Machado aterrizó a Petro por respaldo a Maduro)

La decisión fue comunicada por el canciller Luis Gilberto Murillo, quien señaló que las votaciones no cumplieron con los estándares básicos de un proceso democrático.

“El pasado proceso electoral no brindó garantías a los participantes ni se realizó de manera transparente, de acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, no fueron unas elecciones libres”, afirmó Murillo.

La postura del Gobierno Petro se sustenta en la ausencia de actas públicas y transparentes durante el proceso electoral. Esta situación ha llevado a Colombia, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a expresar su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante la situación política en el país vecino.

El Canciller precisó que, pese a esta decisión, Colombia mantendrá las relaciones bilaterales con Venezuela. “Colombia ha decidido responsablemente mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales”, explicó.

Canciller de Colombia habla sobre violación de derechos humanos en Venezuela

La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores también hace referencia a informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que confirman violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante el período electoral.

Colombia, sube el tono y apegada al multilateralismo y el derecho internacional, instó a las autoridades venezolanas a garantizar el ejercicio del derecho a la oposición y a la movilización social, considerándolos elementos fundamentales de los derechos civiles y políticos en cualquier democracia.

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