La denuncia de Gobierno De la Espriella contra 'Matador': serían cinco presuntos delitos

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La denuncia cuestiona un contrato de 2024 por $ 257 millones con el Fondo Colombia en Paz y señala posibles irregularidades en su estructuración y pagos.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de prestación de servicios celebrado en 2024 con el Fondo Colombia en Paz.

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Semana citó el documento, radicado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado. La denuncia solicita examinar las etapas de contratación, ejecución, supervisión y pago del contrato 1937 de 2024.

De acuerdo con el documento, el contrato tuvo un valor inicial de 257.040.000 pesos y fue celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en calidad de vocero y administrador del patrimonio autónomo del mismo nombre.

La denuncia plantea cuestionamientos sobre la selección directa del contratista, la documentación contractual, el tratamiento del impuesto sobre las ventas (IVA), el lugar previsto para ejecutar las obligaciones y los soportes presentados para justificar los pagos.

El error en el apellido de ‘Matador’ y la inconsistencia con el IVA

Uno de los puntos que expone la denuncia es que el contrato contiene una diferencia en el nombre del caricaturista. Según el documento, en la consideración que justificaba la contratación por las características particulares del seleccionado aparece el nombre “Julio César Rodríguez Quiceno”, mientras que en el resto del expediente y en el Registro Único Tributario (RUT) figura como Julio César González Quiceno.

El denunciante considera que esa diferencia amerita revisar cómo se elaboró la justificación para contratar directamente a ‘Matador’ y si se verificaron de manera suficiente las condiciones particulares que sustentaban su selección.

Otro cuestionamiento citado por Semana se relaciona con el IVA. La denuncia señala que el contrato contemplaba pagos mensuales de 3.420.000 pesos por ese concepto, equivalentes a 41.040.000 pesos durante los 12 meses previstos de ejecución.

Sin embargo, según el documento, el RUT que hacía parte del expediente registraba al contratista como no responsable del IVA. La denuncia afirma que esa inconsistencia fue corregida mediante el otrosí número 1, dos meses después del inicio de la ejecución.

El denunciante pide establecer cómo se estructuró el componente tributario del contrato y qué verificaciones se realizaron antes de autorizar los pagos. La diferencia documental, por sí sola, no demuestra que se haya cometido un delito.

La denuncia también cuestiona la supervisión del contrato

El documento conocido por la revista también plantea interrogantes sobre la ejecución del contrato y la supervisión que estuvo a cargo de Gloria Cuartas.

Según el denunciante, habría inconsistencias entre algunos períodos de cobro, las fechas de las actividades reportadas y los productos presentados como evidencia del cumplimiento de las obligaciones.

La denuncia señala, además, que el contrato estableció a Bogotá como lugar de ejecución, aunque algunas actividades habrían requerido desplazamientos a otras zonas del país. El propio otrosí número 1, citado en el documento, habría reconocido que la cláusula correspondiente no contemplaba esos desplazamientos.

Frente a la supervisión, el escrito pide establecer si los informes, las evidencias aportadas y los soportes económicos fueron revisados de manera adecuada antes de certificar el cumplimiento y autorizar los desembolsos.

¿Cuáles son los cinco delitos que menciona la denuncia contra ‘Matador’?

El documento solicita investigar posibles responsabilidades por cinco delitos:

• Peculado por apropiación: relacionado con la eventual apropiación de recursos públicos en beneficio propio o de un tercero.
• Peculado culposo: asociado a una posible conducta negligente que permita la pérdida o apropiación de bienes públicos, según los elementos que determine la investigación.
• Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: relacionado con la posible omisión de exigencias esenciales en la tramitación, celebración o liquidación contractual.
• Interés indebido en la celebración de contratos: referido a la eventual intervención de un servidor público con un interés indebido en un proceso contractual.
• Falsedad ideológica en documento público: relacionada con la posible inclusión de información contraria a la verdad en un documento público, en las condiciones previstas por la ley.