Gobierno implementa nuevas medidas legales y tecnológicas para frenar comunicaciones ilegales desde cárceles en Colombia
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Visitar sitioEl MinTIC abrió procesos en noviembre de 2026 tras hallar tecnología ilegal en varios centros penitenciarios.
El Gobierno Nacional anunció nuevas acciones encaminadas a combatir el uso de cárceles colombianas como centros para coordinar extorsiones y otras actividades delictivas. Esta declaración fue hecha por el presidente Abelardo De La Espriella, quien afirmó que impartió instrucciones concretas para que se empleen herramientas legales y tecnológicas con el fin de restringir todas las comunicaciones que no estén autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios, de acuerdo con información publicada en la cuenta oficial del mandatario y en comunicados de la Presidencia.
En su pronunciamiento, De La Espriella enfatizó la importancia de desactivar todas las tarjetas SIM que sean utilizadas ilegalmente desde prisión y de restringir cualquier conexión satelital no autorizada. Advirtió también que las empresas y entidades responsables, incluyendo operadores de telecomunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública, deberán cumplir a cabalidad sus obligaciones legales. Subrayó que "quien incumpla sus obligaciones deberá responder ante la ley".
Según un comunicado de prensa difundido por la Presidencia el 21 de noviembre de 2026, el MinTIC abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S. por presunto incumplimiento de normas para atenuar señales de telecomunicaciones en cárceles del país. Las inspecciones técnicas detectaron conexiones a internet mediante redes WiFi de Starlink en las cárceles La Picota (Bogotá), Bellavista (Bello, Antioquia), Acacías (Meta) y Las Heliconias (Florencia, Caquetá). Asimismo, la entidad formuló cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. (Comcel) y la Unión Temporal Colombia Móvil-Tigo por presunto incumplimiento en la eliminación de señales móviles en la cárcel La Picota.
De acuerdo con la legislación colombiana, específicamente el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014, los proveedores de telecomunicaciones están obligados a reducir las señales en los centros de reclusión. Un operativo en La Picota permitió incautar 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros dispositivos electrónicos, lo que evidencia los retos para frenar actividades ilícitas desde las cárceles.
De confirmarse los incumplimientos, las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones como multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales, suspensión temporal de operaciones o hasta cancelación de licencias y permisos. El Gobierno reiteró que las investigaciones garantizarán el debido proceso y el derecho a la defensa de las compañías, mientras avanzan las medidas para bloquear las comunicaciones ilegales.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son las nuevas medidas del Gobierno contra comunicaciones ilegales en cárceles?
El Gobierno, bajo la dirección del presidente Abelardo De La Espriella, estableció que se utilizarán tanto herramientas legales como tecnológicas para restringir comunicaciones no autorizadas en penales. Entre ellas, la desactivación de tarjetas SIM y la restricción de conexiones satelitales, así como la imposición de responsabilidades legales a operadores y entidades encargadas de controlar las señales dentro de los centros penitenciarios.
¿Qué sanciones enfrentan empresas de telecomunicaciones por permitir señal en cárceles?
Las compañías de telecomunicaciones investigadas por MinTIC, según la Presidencia, podrían recibir sanciones que incluyen multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión temporal de operaciones e incluso la cancelación de licencias y permisos, si se comprueba su incumplimiento en las obligaciones legales de reducir o eliminar las señales en los establecimientos penitenciarios.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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