Corte Suprema investiga al gobernador de Santander por presuntos nexos con paramilitares

Un total de 15 testigos son escuchados en Bucaramanga dentro de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y la exsenadora del antiguo partido político PIN, Doris Vega, por presuntos nexos con grupos armados paramilitares entre 2009 y 2010.

De acuerdo con Blu Radio, se desplazó hasta Bucaramanga una comisión especial del alto tribunal liderado por la magistrada Cristina Lombana, para escuchar los testimonios dentro de un proceso de investigación contra los dos políticos. Según el medio de comunicación, la pesquisa contra Aguilar y Vega se abrió a partir de varias denuncias y pruebas que los señalan de, presuntamente, recibir el apoyo de grupos paramilitares para ganar las elecciones al Congreso de la República en 2010.

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El actual gobernador Mauricio Aguilar es hijo del también exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, quien reconoció en agosto de 2022 ante la Comisión de la Verdad varios hechos relacionados con su condena por paramilitarismo. El coronel retirado, conocido por su papel en la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, se refirió a su relación con el Bloque Central Bolívar de las AUC y reconoció que, a través de presiones de los paramilitares a los electores, consiguió convertirse en gobernador del departamento de Santander en 2004.

La familia Aguilar ha sido protagonista de varios escándalos delictivos en Santander. Un contrato de 2015 para reforzar la estructura de la Villa Olímpica de Bucaramanga, de la cual hace parte el Estadio Alfonso López, terminó representando un enredo judicial al más alto nivel administrativo de la gobernación de Santander. Por estos hechos, el exgobernador y hermano del actual gobernador, Richard Aguilar, estuvo preso y permanece acusado.

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La hipótesis de la Fiscalía contra Richard Aguilar, puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, es clara: todo indica que el exgobernador trabajó para que el contrato, cuyo valor ascendía a los $22.000 millones, incluyendo las adiciones, quedara en manos del contratista Octavio Reyes Sarmiento. Este último fue el representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015 y sería amigo personal del también exgobernador Hugo Aguilar, padre de Richard y Mauricio Aguilar.

Por su parte, la exsenadora Doris Vega, quien se posesionó en el Congreso en 2012, luego del fallecimiento de Juan Carlos Rizzeto, es la esposa de Luis Alberto Gil, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares. En su defensa frente al tema, dijo en aquella época que “él (Luis A. Gil) está respondiendo, ese es un tema de persecución política y es inocente”.