Fondo Milagro y las preguntas sobre la reconstrucción que enfrenta el Gobierno De la Espriella en primeros 100 días

La administración de los recursos, la coordinación con las regiones y la capacidad de ejecución serán determinantes para atender a miles de familias afectadas.

La creación de un fondo para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026 fue una de las principales respuestas del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, más allá de los anuncios de recursos y programas de ayuda, la reconstrucción de las zonas afectadas plantea un desafío administrativo: garantizar que el dinero llegue a quienes lo necesitan y que las intervenciones se ejecuten de manera efectiva.

(Vea también: De la Espriella cumple 100 días de gobierno: aciertos, errores y retos de su gestión)

Ese es uno de los puntos que puso sobre la mesa el historiador y analista político Juan Carlos Flórez durante una entrevista con Pulzo, en la que evaluó los primeros 100 días de la administración. Para el experto, la emergencia representa uno de los mayores riesgos de gestión del Ejecutivo, no solo por la magnitud de los daños, sino por las dificultades que puede enfrentar el Estado para organizar y ejecutar una respuesta de largo plazo.

El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dimensiona el problema: 778.281 personas afectadas, 255.079 viviendas con daños y 5.309 sedes educativas afectadas. Los daños y pérdidas fueron estimados en 44,65 billones de pesos.

Con ese panorama, el reto no termina con la atención inmediata de las familias. También implica recuperar viviendas, infraestructura educativa, actividades económicas y servicios en los territorios.

Fondo Milagro: los recursos y compromisos del Gobierno

El Fondo Milagro fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026 como un instrumento para canalizar recursos destinados a la atención, recuperación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo en las zonas afectadas.

El mecanismo contempla un capital inicial de 1 billón de pesos y comenzó a operar el 7 de octubre. Su propósito es articular los recursos para responder a las consecuencias de la emergencia y financiar las intervenciones necesarias en los territorios.

El 11 de noviembre, la Presidencia informó sobre intervenciones urgentes por 624.000 millones de pesos. También reportó programas que contemplan la construcción de 834 viviendas nuevas, el mejoramiento de 3.504 y 920 subsidios empresariales.

Son anuncios que permiten identificar algunas de las líneas de atención previstas por el Ejecutivo. Sin embargo, las cifras deben leerse con una distinción importante: los recursos anunciados y los programas presentados no equivalen necesariamente a obras terminadas, ayudas entregadas o proyectos ejecutados.

La dimensión financiera también muestra la distancia entre la emergencia y la recuperación. La UNGRD estima que se requieren $58,29 billones entre 2026 y 2030 para atender las necesidades identificadas. La financiación inicial reportada asciende a $8,21 billones, sin contar los aportes territoriales.

La diferencia entre esas cifras evidencia que la reconstrucción no depende de una sola partida presupuestal ni se resolverá con intervenciones de corto plazo. Será necesario establecer prioridades, asegurar fuentes de financiación y mantener la coordinación institucional durante varios años.

Las preguntas sobre quién administra y ejecuta los recursos

Para Juan Carlos Flórez, uno de los asuntos centrales es la capacidad de quienes tendrán a cargo la conducción del proceso. El analista planteó interrogantes sobre la experiencia del equipo responsable, la estructura gerencial del fondo y la coordinación con alcaldes y gobernadores.

También llamó la atención sobre el papel de la primera dama en el Fondo Milagro y la necesidad de conocer con claridad las responsabilidades, los mecanismos de dirección y las capacidades técnicas de quienes participan en la iniciativa.

Sus cuestionamientos no constituyen una denuncia de irregularidades en el manejo de los recursos. Apuntan, más bien, a la necesidad de que un proceso de semejante dimensión tenga responsables definidos, criterios transparentes y mecanismos de seguimiento.

Flórez advirtió que concentrar decisiones en personas cercanas al presidente no garantiza por sí mismo que la reconstrucción avance. En su análisis, el Gobierno necesita contar con profesionales capaces de administrar proyectos complejos y trabajar con las autoridades de las regiones afectadas.

La coordinación territorial es especialmente relevante porque las necesidades no son iguales en todos los municipios. Mientras algunas comunidades requieren soluciones de vivienda, otras necesitan recuperar colegios, infraestructura pública o las condiciones para reactivar sus actividades productivas.

En ese escenario, la articulación entre el Gobierno nacional, las administraciones locales y los organismos encargados de la gestión del riesgo será determinante para evitar que las intervenciones se dispersen o se queden en anuncios.

La reconstrucción, una prueba de ejecución para Abelardo

El desafío del Fondo Milagro también se entiende al observar las consecuencias de la emergencia sobre la educación. El balance oficial registra miles de sedes educativas afectadas y una necesidad importante de reconstrucción de infraestructura escolar. La recuperación de esos espacios no solo implica reparar edificios: también busca evitar que los estudiantes acumulen mayores rezagos por la interrupción de sus actividades.

Para Flórez, la atención de la emergencia permite medir algo más que la capacidad del Gobierno para anunciar recursos. Pone a prueba la eficacia de las instituciones, la calidad de sus equipos y su capacidad para responder de manera coordinada a una crisis que involucra a cientos de miles de personas.

El analista también recordó que Colombia tiene antecedentes de dificultades para anticiparse y responder a los riesgos. Por eso, considera que la gestión de una emergencia de esta magnitud no puede limitarse a entregar ayudas inmediatas: debe incluir planificación, prevención y mecanismos que permitan reducir la vulnerabilidad de las comunidades.

En los primeros 100 días, el Gobierno presentó el Fondo Milagro, anunció recursos y puso en marcha programas de atención. El siguiente paso será demostrar que esos instrumentos pueden traducirse en resultados verificables.

La reconstrucción de las zonas afectadas se extenderá más allá de este primer balance presidencial. Para la administración de De La Espriella, la prueba será que las familias recuperen sus viviendas, que los estudiantes puedan regresar a espacios adecuados y que las regiones afectadas cuenten con condiciones para reactivar su economía.

En últimas, el éxito del Fondo Milagro no se medirá únicamente por el dinero anunciado, sino por la capacidad de convertirlo en soluciones concretas.