Fiscalía cambia decisión sobre varios jefes de disidencias y reactiva órdenes de captura

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La decisión se conoce tras el cierre de la mesa de paz con las disidencias y mientras la Fiscalía pide prisión para el jefe señalado de varios ataques.

La orden de captura contra uno de los principales jefes de las disidencias volvió a estar activa por la Fiscalía. Se trata de la medida contra alias ‘Calarcá’ y otros cabecillas de estructuras ilegales, después de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella diera por terminada la mesa de paz con ese grupo.

La decisión llega una semana después de que el presidente ordenara bombardear un campamento atribuido a alias ‘Calarcá’ en el Guaviare. La medida afecta al jefe disidente Alexander Díaz Mendoza y a integrantes de otras dos organizaciones armadas.

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La Fiscalía señala que las estructuras relacionadas con ‘Calarcá’ están vinculadas con atentados, homicidios, secuestros, extorsiones y desplazamientos, entre otros delitos investigados por las autoridades. El organismo también sostiene que estos grupos se fortalecieron durante la política de paz total del gobierno anterior.

El panorama cambió después del 28 de agosto cuando la administración de De La Espriella terminó la mesa de conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, estructura comandada por ‘Calarcá’. La Casa de Nariño emitió tres resoluciones para poner fin a las negociaciones.

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La decisión tuvo una consecuencia directa: la resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo establece que, al perder los integrantes de estas estructuras su condición de representantes en la mesa. Así mismo, deben reactivarse las órdenes de captura que estaban suspendidas.

Además de los integrantes del grupo de ‘Calarcá’, la medida cobija a voceros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El anuncio se conoció mientras fiscales solicitaban ante un juzgado de Villavicencio una medida privativa de la libertad contra Díaz. La Fiscalía lo señala como responsable de una serie de ataques ocurridos desde 2024, periodo en el que las órdenes de captura permanecían suspendidas por la política de paz total.