El cerco judicial sobre una de las figuras más poderosas y cercanas al círculo del expresidente Gustavo Petro terminó por cerrarse. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radico oficialmente la solicitud de audiencia de imputación de cargos en contra de Laura Sarabia, dentro del complejo e histórico expediente que investiga las presuntas interceptaciones ilegales y la prueba de polígrafo practicada irregularmente a Marelbys Meza, quien se desempeñaba como niñera de su hijo. La diligencia judicial quedó fijada para llevarse a cabo el próximo 14 de septiembre.
De acuerdo con la información revelada por el ente acusador, Sarabia deberá responder formalmente como presunta responsable de las conductas punibles de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. La decisión de la Fiscalía se produce luego de que se descartaran por completo las intenciones de lograr una salida anticipada o un acuerdo de justicia restaurativa, alternativa que la defensa de la exfuncionaria había intentado explorar en múltiples ocasiones, pero que se frustró ante la oposición de nuevos testigos y de las víctimas reconocidas en el proceso.
El caso que hoy pone a Laura Sarabia al borde de una imputación penal se remonta a principios de 2023, cuando se desató una tormenta política tras conocerse la pérdida de una maleta con una alta suma de dinero en efectivo en el apartamento de la entonces alta funcionaria. Ante el hurto, las sospechas recayeron de inmediato sobre Marelbys Meza. Lo que comenzó como un aparente conflicto doméstico escaló rápidamente a un abuso sistemático del aparato estatal cuando la exniñera fue sometida a una prueba de polígrafo en los sótanos adyacentes a la Casa de Nariño.
La investigación de la Fiscalía detalla que el procedimiento vulneró todos los protocolos legales, configurando presuntos delitos de abuso de poder y constreñimiento ilegal. Sin embargo, el capítulo más grave del expediente recae sobre las llamadas “chuzadas”, puesto que el número telefónico de Meza fue incluido fraudulentamente en un informe de inteligencia de la Policía Nacional, haciéndola pasar por integrante del Clan del Golfo con el único fin de justificar legalmente la interceptación de sus comunicaciones ante una fiscalía especializada.
Dentro del andamiaje probatorio que sustenta la decisión del ente investigador juega un papel crucial el testimonio de oficiales como el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien se acogió a un principio de oportunidad y se comprometió a declarar formalmente que fue la propia Laura Sarabia quien impartió la instrucción directa para coordinar el polígrafo y alterar los protocolos de su esquema de seguridad. Asimismo, el expediente salpica a otros mandos policiales, como el coronel Carlos Feria, jefe de la casa militar en ese entonces.
Ante la inminencia de la diligencia del próximo 14 de septiembre, el equipo jurídico de la exfuncionaria, encabezado por el exfiscal Mario Iguarán, analiza la estrategia para controvertir la tesis de la Fiscalía en los estrados judiciales. Por su parte, Sarabia rompió el silencio a través de sus redes sociales manifestando que “respeto a las autoridades y confío en sus decisiones”, al tiempo que reiteró su deseo de que la exniñera recupere la tranquilidad tras el profundo impacto que el proceso generó en su vida personal y laboral.