Defensoría del Pueblo cuestiona exhibición de cuerpos en operativos militares y advierte sobre riesgos de deshumanización en Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó una fuerte crítica respecto a la práctica reciente del presidente Abelardo de la Espriella de exhibir en público los cuerpos sin vida de presuntos integrantes de grupos armados ilegales tras operaciones militares. Según la funcionaria, la relevancia de las imágenes y palabras de las figuras públicas es crucial y, por ello, enfatizó que no se debe naturalizar que los cuerpos de personas fallecidas formen parte del escenario de declaraciones públicas, ni que la muerte se convierta en una forma de demostrar poder. Sus afirmaciones surgieron luego de que el presidente De la Espriella confirmara, el 30 de abril, la muerte de 24 presuntos miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) comandadas por alias “Iván Mordisco”. Posteriormente, Medicina Legal notificó que entre las víctimas se encontraban dos menores de edad. La situación se repitió con la exhibición de los cadáveres de alias “Bendito Menor”, líder del comando menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y otros miembros de la misma organización, en situaciones similares.

Ante este panorama, Marín advirtió que ni el Estado ni el Gobierno pueden entrar en una competencia sobre quién puede incurrir en actos más crueles o mostrar mayor poder a través de la violencia, remarcando que las autoridades no deben rivalizar con grupos criminales en términos de infundir miedo o humillar al enemigo. Recordó que aunque Colombia lleva décadas enfrentando ciclos de violencia armada y crimen organizado, esta es la primera vez que se ve a un presidente caminar entre muertos y expresar orgullo por las bajas. Enfatizó que el deber del Estado está en proteger a los ciudadanos y enfrentar, bajo los marcos de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a quienes violan los derechos humanos.

Marín dejó claro que su postura no cuestiona las operaciones legales de la fuerza pública, sino la manera en que el poder estatal comunica sus resultados. Recordó que el derecho a la vida, consagrado en la Constitución como inviolable, es de aplicación inmediata y no puede ser suspendido, aunque existen excepciones específicas como la legítima defensa y las bajas de combatientes según el DIH. No obstante, insistió en que toda acción que prive de la vida debe ser razonable, necesaria y proporcional, porque incluso en la guerra existen límites claros.

La defensoría también llamó la atención sobre el riesgo de medir la seguridad estatal en términos de bajas, evocando antecedentes negativos como los falsos positivos, crímenes actualmente investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ese sentido, propuso que la seguridad debe evaluarse por los derechos garantizados y vidas protegidas, subrayando que “la humanidad aprendió que deshumanizar al adversario termina, también, por deshumanizar al que ostenta el poder”. Para Marín, la legitimidad estatal proviene de la confianza que inspira en la población y no de la capacidad de infundir miedo mediante actos de humillación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la exhibición de cuerpos tras operativos militares en Colombia?

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, critica esta práctica porque considera que convierte la muerte en un espectáculo y en un símbolo de poder, algo contrario a los principios del Estado de derecho y del Derecho Internacional Humanitario. Además, advierte sobre los riesgos de deshumanizar tanto a las víctimas como a quienes ejercen el poder, señalando que la comunicación estatal debe fortalecer la confianza y no el miedo en la ciudadanía.

¿Qué significa el término 'falsos positivos' en el contexto del conflicto armado colombiano?

El término 'falsos positivos' hace referencia a crímenes en los que miembros de la fuerza pública presentaron víctimas civiles como bajas guerrilleras para mostrar resultados en combate. Este fenómeno, investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es mencionado como antecedente en la advertencia de la Defensoría sobre medir la seguridad por el número de muertos y no por la garantía de derechos y vidas protegidas.