¿Fiscalía funciona como empresa privada que da información confidencial al mejor postor?

Semana presenta una investigación donde expone la existencia de una “mafia” dentro de las salas de interceptación de comunicaciones en la entidad.

La manipulación de llamadas en casos que están en el foco de la opinión pública y algunas de las chuzadas a teléfonos de importantes empresarios del país o de funcionarios que están investigando a militares activos y retirados fueron hechas desde el Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SIC), reveló la revista en su informe.

Según Semana, las auditorías implementadas por el departamento de Control Interno de la Fiscalía desde octubre del año pasado han arrojado evidencias de una red ilegal que habría llegado incluso a ordenar un atentado, el pasado 3 de mayo, en contra de Marcela Yepes, directora de dicha dependencia.

Uno de los grandes hallazgos tuvo relación con el gran escándalo que surgió en septiembre de 2018 cuando se destapó la operación de un grupo criminal que espiaba las conversaciones de compañías y personas, incluyendo al propio fiscal de aquel entonces: Néstor Humberto Martínez, quien dio justamente la orden de investigar cada una de las 32 espacios que integran el SIC.

 “Gracias a esa labor determinaron que de los 1.200 números que la Fiscalía encontró en los allanamientos y computadores de la organización del general Guatibonza, al menos 80 aparecían como interceptados en salas del SIC”, mencionó Semana.

Por otro lado, la semana pasada, la Fiscalía reveló que el Sistema de Interceptación había sido vulnerado en otros casos como el adelantado contra Fabio Augusto Martínez Lugo, un fiscal especializado contra las Organizaciones Criminales, que fue acusado de incluir el número del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel-Codensa en una de las salas de interceptación, citó el medio.

Adicionalmente, Semana tuvo conocimiento de contratos que tenían militares activos y retirados con funcionarios de una de las salas dedicadas a temas antiterrorismo, a quienes los uniformados les pagaban, por nómina, entre 2 y 6 millones de pesos para que les brindaran información sobre conversaciones que tenían representantes de la autoridad o del aparato judicial que los estaban investigando a ellos o a sus “clientes”, algunos narcotraficantes.

La auditoría, que es la primera de este tipo que se hace al interior de la Fiscalía en 20 años, seguirá adelante. Las indagaciones, comenta el medio escrito, se han visto entorpecidas en ocasiones porque “algunos fiscales se escudan en la reserva de sus investigaciones y en la consecución de positivos para restringir información a otros”, evitando que funcionarios puedan acceder a líneas que ya están siendo escuchadas.