Escándalo deja ver las costuras de la “paz total” de Petro y grietas en seguridad nacional

Lo revelado por Noticias Caracol este domingo, que tiene consternado al país, también vuelve a poner en entredicho la campaña presidencial del mandatario.

En los delincuentes la sociedad no puede confiar. Sus acciones y afirmaciones persiguen siempre fines siniestros. Pero de ser cierta toda la información hallada en los dispositivos que se le incautaron a Alexánder Días Mendoza, alias ‘Calarcá’, cuyo contenido fue difundido este domingo por Noticias Caracol, el país estaría viendo cómo cada escándalo que le estalla al Gobierno del presidente Gustavo Petro es más grave que el anterior, y también observando los altísimos costos que está pagando, sin saberlo, por lograr, así sea de manera parcial, la “paz total” que ofreció el mandatario.

(Le interesa: Revelan que disidencias de las Farc tendrían acceso a información secreta del DNI y Fiscalía lo sabía)

En aras de ese objetivo se habría permitido que las disidencias de las Farc que encabeza ‘Calarcá’ —con las cuales el Gobierno mantiene abierta una mesa de negociación pese a ser responsables, entre otros hechos graves, de la muerte de 13 policías que iban en un helicóptero en Anorí (Antioquia)— hubieran infiltrado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalada de estar a cargo de personas que no tienen idoneidad. Ni en sus mejores momentos, Pablo Escobar hubiera imaginado un escenario tan favorable para los fines que perseguía de cooptar el Estado colombiano.

Los salpicados en este nuevo escándalo son muchos y de muy alto nivel, como la vicepresidenta Francia Márquez, a través de la cual, según las conversaciones por chat entre alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’, habría sido intermediaria de acuerdos entre las disidencias y la campaña del presidente Petro. Se trata de una “infamia” sin pruebas, dijo Márquez. También, el general del Ejército Juan Miguel Huertas, sacado de la institución en el gobierno de Iván Duque por las sospechas que tenía sobre él Estados Unidos, pero reintegrado por el presidente Petro.

Este aspecto sigue delineando la grave acusación que se le ha hecho al mandatario colombiano desde el comienzo de su administración en el sentido de que se dedicó a sacar a los militares con experiencia en inteligencia y probados en la lucha contra la subversión y los narcos, para debilitar esa capacidad de las Fuerzas Armadas. En cambio, reintegró a oficiales que fueron cuestionados por corrupción y su cercanía a grupos armados ilegales. El mando les perdió la confianza y los retiraron. La pregunta que hoy se hace Colombia es a quién beneficia que personas con hojas de vida cuestionadas vuelvan a hacer parte de la fuerza pública.

Más dudas sobre la campaña de Gustavo Petro

La situación es tan grave que ya hay voces que aseguran que los archivos de alias ‘Calarcá’ prueban que la DNI de Petro es para las disidencias de las Farc lo que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue para los paramilitares. Se trata de organismos creados con el propósito de garantizar la defensa estratégica del Estado, pero que se convirtieron en un canal de desangre de información crítica, que se desvió para favorecer a quienes deberían combatir.

A diez meses de finalizar su gobierno, el presidente Petro enfrenta este otro escándalo que arroja nuevas y serias dudas sobre su campaña, ya investigada y pendiente de una decisión por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), y saca a la luz la forma en que estaría poniendo en peligro la seguridad nacional, en primera instancia, por conseguir algún acuerdo de paz que pueda mostrar ante el ya evidente fracaso de su principal apuesta gubernamental, la “paz total”.

La consternación en el país es grande al conocerse, por los documentos que reveló Noticias Caracol, que la estructura criminal de alias ‘Calarcá’ ha penetrado la DNI para tratar de crear empresas legales de seguridad fachadas para movilizar guerrilleros y armas, acceder a las frecuencias de radio secretas del Ejército para evadir las operaciones en su contra, establecer pactos de no agresión con el Ejército y la Policía, acceder a documentos claves de inteligencia… En fin, la desolación es por ver al país postrado ante los grupos armados ilegales, con un agravante: el bajo perfil de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.

Pero el hecho deja también más interrogantes, como el papel que en todo esto ha jugado la Oficina del Alto Comisionado de Paz. ¿Los contactos y las transacciones entre delincuentes y agentes del Estado ocurrieron con su conocimiento o fueron a sus espaldas? Las dos posibilidades dejan sin aliento porque ponen asimismo en entredicho a los voceros del Gobierno en la mesa de negociación con alias ‘Calarcá’.

En resumen, Colombia asiste a una escena caótica: los delincuentes ayudados, por corrupción o por colaboración, por las autoridades que deben perseguirlos y combatirlos; unas disidencias de las Farc afectas al Gobierno haciendo lo que quieren y fortaleciendo su capacidad criminal en varias regiones del país, justo cuando empieza a despegar la campaña política en la que esos grupos armados, al paso que van, tendrán una seria incidencia. No es exagerado advertir que la democracia, de nuevo, está amenazada.

La alianza siniestra entre agentes del Estado y las disidencias de alias ‘Calarcá’, dedicadas en diferentes zonas del país al narcotráfico, la extorsión y a su propio crecimiento amparadas por la mesa de negociación en la que están sentadas con el Gobierno sin que se vislumbre hasta ahora su indispensable desmovilización, hace que se vea más notorio el otro rasero con que el Gobierno combate a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, contra quien Petro sí ordena bombardeos, así haya menores de edad.