Explosivos en carreteras de Antioquia: así fue la operación militar para desactivar la amenaza y proteger a la comunidad

La instalación de artefactos explosivos en las vías de Antioquia promovió la rápida reacción de las autoridades, quienes tuvieron que cerrar temporalmente algunos corredores estratégicos mientras el Ejército Nacional de Colombia intervenía para evitar posibles atentados. Según lo reportado por El Diario, los dispositivos se ubicaron en rutas transitadas tanto por civiles como por miembros de la Fuerza Pública, suponiendo un peligro latente para quienes se desplazan diariamente por estos caminos.

En el municipio de Anorí, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná, parte de la Décima Cuarta Brigada del Ejército, identificaron seis artefactos explosivos improvisados junto a un mecanismo de lanzamiento. Estos estaban distribuidos a lo largo de carreteras que enlazan Anorí con Medellín y Campamento, con una separación de apenas diez metros entre cada uno. Los explosivos incorporaban sistemas de activación por radiofrecuencia, lo que elevaba significativamente el riesgo de detonación ante cualquier movimiento o señal remota.

El Ejército indicó que la instalación de los explosivos habría sido realizada por el Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 36 Bloque Magdalena Medio. Para enfrentar la amenaza, se cerraron los corredores viales y entró en acción el Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), encargado de ejecutar la destrucción controlada de los aparatos bajo rigurosas medidas de seguridad.

El teniente coronel Carlos Alonso Romero, quien comanda el Batallón Batalla de Bomboná, explicó que el procedimiento estuvo a cargo de personal especializado en manejo de explosivos, priorizando en primer lugar la seguridad de la población civil y de las propias tropas. Así mismo, desde la institución militar se denunció que estas acciones representan claras violaciones al derecho internacional humanitario, pues exponen injustificadamente a la comunidad del nordeste antioqueño, vulnerando sus derechos fundamentales.

De forma simultánea y en la vereda Palomas de Valdivia, cerca de la Troncal de Occidente, el Ejército logró frustrar otro posible atentado, hallando y destruyendo explosivos de alto poder. Entre el material decomisado se incluían un cilindro de 40 libras, una granada IM26 y un chaleco de uso militar. De acuerdo con la información oficial citada por El Diario, estos elementos pertenecerían a la Compañía Héroes de Tarazá, parte del Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos armados presentes en la zona, particularmente vulnerable por su frecuente tráfico de vehículos civiles y de carga.

Las autoridades, reforzando su postura institucional, recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa. Para ello, pusieron de relieve canales como la Línea 107 Contra el Terrorismo y otras vías oficiales de comunicación, resaltando que la colaboración comunitaria es fundamental para anticipar riesgos y preservar la seguridad colectiva. El compromiso, manifestaron voceros del Ejército, es fortalecer las operaciones y la presencia estatal en las subregiones de Antioquia, buscando garantizar tanto la movilidad como la protección de los derechos humanos en territorios marcados por la persistencia de la violencia armada.

¿Cuál es el impacto de las operaciones anticontrabando de explosivos en la vida cotidiana de los habitantes del nordeste antioqueño?

La percepción de inseguridad y zozobra se ha vuelto parte de la cotidianidad en muchas poblaciones del nordeste de Antioquia, donde los constantes operativos de neutralización de explosivos condicionan la movilidad y la dinámica del comercio local y regional. Cierres temporales de vías, inspecciones y controles afectan la circulación de alimentos, pasajeros y bienes, generando demoras e incertidumbre para los habitantes de estos municipios.

Sin embargo, estas operaciones son vistas como una medida necesaria para proteger vidas y evitar tragedias masivas, especialmente ante la presencia de grupos armados ilegales que utilizan explosivos como mecanismo de presión y ataque. El apoyo y la denuncia de la comunidad se han consolidado como herramientas clave para la prevención de nuevos incidentes, demostrando la importancia de la colaboración ciudadana en la construcción de entornos más seguros para todos.