Duro golpe para reconocida EPS en Colombia: situación preocupa a más de 400.000 personas

La Contraloría General de la República detectó un hallazgo fiscal por 1.466 millones de pesos contra la EPS indígena Mallamas, tras identificar pagos irregulares a su junta directiva con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Según la auditoría realizada en el primer semestre de 2025, estos pagos se autorizaron sin justificación legal ni soporte documental, incluyendo viáticos diarios de hasta 14 salarios mínimos para actividades ajenas a las funciones de la junta.

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La EPS Mallamas no contaba con controles internos ni políticas claras que regularan estos gastos, a pesar de que sus estatutos prohíben remuneraciones no vinculadas a su objeto social, detalla la Contraloría.

El caso fue remitido a la Superintendencia Nacional de Salud por su posible responsabilidad disciplinaria y será monitoreado para garantizar la correcta gestión de recursos destinados a poblaciones vulnerables.

La Contraloría advirtió que esta situación agrava el riesgo financiero de Mallamas, que ya registra deudas superiores a 302.035 millones de pesos y no cumple con el indicador de patrimonio adecuado, afectando la atención de más de 410.000 afiliados.

Finalmente, el organismo recordó que la autonomía indígena no exime a las EPS del cumplimiento de las normas que protegen el uso transparente y eficiente de los recursos públicos.

Por qué hay crisis en el sistema de salud en Colombia

La crisis del sistema de salud en Colombia obedece a una combinación de factores estructurales, financieros y de gestión que se han acumulado durante años, afectando tanto a usuarios como a prestadores de servicios. Uno de los elementos centrales es el desfinanciamiento crónico del sistema, derivado de una brecha persistente entre los recursos disponibles y las necesidades reales de la población.

El valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para garantizar la atención, muchas veces no cubre el costo real de los servicios que demandan los pacientes, especialmente cuando se trata de enfermedades de alto costo o tratamientos especializados. Esto genera deudas millonarias de las EPS con hospitales y clínicas, que a su vez se ven obligados a recortar servicios, retrasar pagos a su personal y deteriorar la calidad de la atención.

A este panorama financiero se suman problemas de gestión dentro de varias EPS, incluidas irregularidades, falta de control interno y decisiones administrativas cuestionables que agravan el déficit. Casos recientes, como el de la EPS indígena Mallamas, evidencian pagos injustificados y un uso inadecuado de recursos públicos que deberían destinarse exclusivamente a garantizar la salud de la población.

Estas malas prácticas no solo afectan la sostenibilidad de las EPS implicadas, sino que incrementan la desconfianza ciudadana frente al sistema en su conjunto, alimentando la percepción de corrupción e ineficiencia. Además, muchas EPS incumplen con los indicadores de solvencia exigidos por la ley, lo que pone en riesgo la atención de millones de afiliados que dependen de ellas.

Por otra parte, el sistema enfrenta una alta fragmentación que dificulta la articulación entre diferentes niveles de atención y territorios. Esto se traduce en largas filas para acceder a citas médicas, demoras en la entrega de medicamentos y barreras administrativas que impiden a los pacientes recibir tratamientos oportunos. La carga creciente de enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional aumentan la presión sobre un modelo que no logra transformarse de manera preventiva y que sigue priorizando la atención de la enfermedad sobre la promoción de la salud.

El contexto político y normativo ha sido inestable, con intentos de reformas que no logran consenso y terminan profundizando la incertidumbre del sector.

Las tensiones entre el principio de autonomía de las EPS indígenas y la obligación de garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos ilustran los retos que enfrenta el país para equilibrar diversidad cultural con sostenibilidad financiera y calidad del servicio, agravando así la crisis de salud que hoy se vive en Colombia.